“Más control y transparencia”

La declaración de intereses y patrimonio de autoridades públicas significan un importante avance en el control de la corrupción.

04-04-2017

La semana pasada concluyó el plazo para que cerca de 60 mil autoridades y funcionarios públicos realizaran sus declaraciones de patrimonio e intereses de acuerdo a los nuevos estándares de la Ley de Probidad, publicada el año pasado. Las nuevas declaraciones incluyen más información, se hacen en un formato electrónico y son fiscalizadas por la Contraloría General de la República. ¿Cómo eran antes? Escritas generalmente a mano, muchas de ellas ilegibles, con campos de información en blanco, principalmente porque quedaban guardadas en una bodega sin que nadie comprobara su completitud o veracidad. Si antes el proceso era un mero trámite de funcionarios y autoridades que asumían sus cargos, ahora son un requisito y ejercicio fundamental para la rendición de cuentas.

Estos instrumentos son importantes por dos cosas. Primero, permiten detectar enriquecimiento ilícito de funcionarios y autoridades, que bien podrían utilizar fondos públicos para engrosar su patrimonio. Segundo, permiten evitar que la función pública se desarrolle con conflictos de intereses, ya que habrá conocimiento previo de los intereses económicos de las autoridades. Al momento de verse enfrentados a decisiones que pudieran afectar sus intereses, las autoridades tienen ahora más incentivos para ahorrarse un problema, inhabilitándose en esa decisión en particular. También es digno de destacar que prácticamente la totalidad de las autoridades y funcionarios obligados a declarar lo hayan hecho en el plazo establecido para esto. Muchos de ellos realizaban estas declaraciones por primera vez, por lo que suponemos que los canales para realizar consultas e involucrarse con las obligaciones de esta ley se desarrollaron con cierta eficiencia. Estamos ante un importante avance en el control de la corrupción.

Disponible en La Hora