“Acerca de los “límites” de la gratuidad”

14-01-2016

Columna de Claudia Sanhueza, miembro de la red de Espacio Público.

 

Hace unos días se dijo en los medios que el Mineduc estaba pensando en una “gratuidad con límites”. Valentina Saavedra, presidenta de la Fech, reaccionando a esto dijo “entonces esto no es gratuidad”, mientras una editorial de La Tercera decía que estos límites eran una forma de arreglar una mala política. Por otra parte, rectores han reclamado contra la “regulación de aranceles” para la gratuidad. Pareciera que cada uno tiene en su cabeza una idea de lo que significa gratuidad, y parece que no se está entendiendo el sentido de esta. Quizás haya que explicar qué sentido tiene la gratuidad en la educación.

En términos conceptuales, tener gratuidad en educación, en general, y en superior en particular, es una característica más de un sistema educacional que funciona con lógicas muy diferentes a las actuales lógicas del sistema chileno. En donde, especialmente en educación superior, este sistema es un mercado en el cual se compran y venden títulos profesionales, a precios y calidad desigual.

Por lo tanto, gratuidad no es dejar funcionando el mismo mercado de educación con precios y calidad desigual, en el cual el Estado simplemente financia dichos precios y así nadie paga. Eso, en realidad, no cuenta con transformar la educación en derecho social.

Desde el punto de vista del estudiante la gratuidad implica efectivamente eliminar el pago de los estudiantes de un precio de mercado (aranceles). Sin embargo, esto no es igual a “no pagamos nunca nada”. Por una parte, porque gratuidad implica financiar con impuestos en vez de con aranceles. Por lo tanto, probablemente estos estudiantes, que tendrán mayores ingresos dados sus estudios, que aún creen que no pagaran nada, contribuirán a su financiamiento más tarde vía impuestos y probablemente más de lo que actualmente pagan. Ya no pagaran una deuda de un bien privado que compramos en el “mall de la educación superior”, sino será una contribución individual solidaria en relación a su capacidad contributiva: donde los más ricos contribuyen más que los más pobres.

Ahora bien, otro punto de vista muy relevante es el de la instituciones. Los rectores están preocupados. Básicamente sus “empresas-universidades” se financian vendiendo títulos que ahora serán gratuitos. Esto es porque no entienden que en realidad ahora lo que el Estado estará financiando no serán títulos a precios de mercado, sino instituciones que realizan diferentes funciones que tienen objetivos públicos, entre ellos la formación de profesionales y técnicos, la investigación, la innovación y la creación artística, y la vinculación con la ciudadanía.

Esto implica la nada trivial tarea de decidir cómo se financian dichas instituciones.

Por ejemplo, en Alemania, caso emblemático de educación superior gratuita, acaba de volver a la gratuidad después de haber probado aranceles por algunos años, lo que hace a grandes rasgos es decidir las proporciones de financiamiento a diferentes funciones: docencia, investigación e incluso un aporte especial por tener una cuota de mujeres académicas. En Noruega, el financiamiento de las instituciones proviene de un presupuesto históricos, docencia e investigación. En Irlanda, caso también interesante ya que eliminó los aranceles el año 1995 sin embargo después de la última crisis económica ha incrementado el costo de la matrícula, también financia instituciones por docencia e investigación.

Es importante recalcar que en estos países, Alemania, Noruega, Irlanda, Finlandia, y los países que tienen un financiamiento institucional en educación superior son sistemas en los cuales todas sus instituciones son de calidad más o menos equivalentes. Esto quiere decir que son sistemas no estratificados y que tienen un alto componente de equidad. El mismo financiamiento público apunta en ese sentido. Un contraste con estos es el sistema norteamericano, en donde existe una alta desigualdad en la calidad de sus instituciones, quedan pocos estudiantes con acceso a excelentes universidades y la mayor parte de los estudiantes están en instituciones de baja calidad.

Focalicemos la atención en el financiamiento a la docencia por un momento. En todos estos casos antes mencionados (Alemania, Noruega, Irlanda) el presupuesto a la docencia que va a cada institución efectivamente es algo así como: “volumen” por “precio”. Con la diferencia que el “volumen” no es cuantos estudiantes se matriculan, sino cuántos profesionales o técnicos se forman (titulados) o cuantos estudiantes tiempo completo efectivos están formándose o cuántos créditos se están tomando cada año. Además, hay regulación de las vacantes que cada institución ofrece. Y “precio” no se refiere al que viene dado por la interacción entre la oferta y demanda en un mercado, sino a lo que se determina es el costo de formación de cada uno de esos profesionales y técnicos.

Este costo está calculado bajo un comportamiento “ideal”. Por ejemplo, formar un Ingeniero se tarda 5 a 6 años cursando una determinada cantidad de cursos más otros requisitos como tesis y práctica. ¿Qué ocurre si el estudiante se demora más de lo que se calculó como costo de formación? Distintos países han tomado diferentes opciones. Una opción es que la institución responda por ese costo adicional. Esto necesita de una cultura de acompañamiento de los estudiantes en todo su proceso de formación y necesita de financiar nivelación aparte de la formación. Otra opción es que el estudiante responda con el costo adicional. Esto puede perjudicar a quienes llegan con menor base a la educación superior y desliga a las instituciones de su responsabilidad de nivelar, por ejemplo. Probablemente lo mejor sea una interacción de ambas opciones, en donde la instituciones tengan incentivos a hacerse cargo en serio de la formación de sus estudiantes y donde los estudiantes sientan que deben responder seriamente en sus estudios. Esto es lo que podríamos llamar “límites académicos” de la gratuidad. Algo bastante más serio que simplemente decir “esto no es gratuidad” o es una corrección a una “mala política”.
Disponible en Voces de La Tercera