“Auditoría a la democracia: desafección y participación electoral”

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer recientemente su “Auditoría a la Democracia” en Chile, generando un amplio debate en el país. En esta columna, la coordinadora del informe analiza los alcances de la baja sostenida en la participación electoral, la desconfianza con las instituciones políticas y el aumento de la participación en movimientos no institucionales.

11-06-2014

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer recientemente su “Auditoría a la Democracia” en Chile, generando un amplio debate en el país. En esta columna, la coordinadora del informe analiza los alcances de la baja sostenida en la participación electoral, la desconfianza con las instituciones políticas y el aumento de la participación en movimientos no institucionales.

Las democracias representativas requieren del sufragio de ciudadanos y ciudadanas para su funcionamiento, y para que las autoridades y sus decisiones sean percibidas como legítimas.

El reciente Informe Auditoría a la Democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo del PNUD (ver informe) entrega nueva evidencia sobre el distanciamiento de los ciudadanos con los mecanismos formales de participación política. Mientras el 86% de la población en edad de votar ejerció su derecho a sufragio en 1989, esta cifra disminuyó en más de 34 puntos en 23 años, alcanzando el 51,7% en la última elección presidencial.

La baja en participación electoral ha sido ampliamente debatida, sin embargo, se ha avanzado poco en entender su real dimensión y, mucho menos sus causas. Algunos han planteado que la caída en los niveles de participación responde a una tendencia mundial en las democracias contemporáneas. El Informe del PNUD muestra en forma contundente que esta no es una tendencia generalizada ni en América Latina o a nivel mundial. Por el contrario, en los últimos 23 años Chile experimentó la caída más aguda en participación electoral en las Américas, la segunda entre los países de la OCDE y la cuarta en todos los países del mundo, siendo sólo superada por las caídas en Eslovaquia (35,2%), Gambia (36,9%) y Madagascar (38%).Más aún, durante el mismo período esta participación se ha mantenido relativamente estable en otros países (como en España, Finlandia, Venezuela o Argentina), o ha mostrado alzas significativas en otros. En México se produjo un alza del 22%, en Ecuador del 30%, de 31% en Perú, mientras que en Bolivia el incremento alcanzó el 35%, una tendencia directamente inversa a la chilena.

El análisis de los resultados electorales entre 1989 y el 2013 muestra que la disminución de participación en Chile se inicia en la década de los noventa. La elección municipal de 1996 muestra la primera caída importante con un 74% de las personas mayores de 18 años emitiendo sufragios, cifra que continúa disminuyendo hasta el 58% para las elecciones municipales del 2008, manteniéndose la misma proporción en las presidenciales del año siguiente (2009).Este fenómeno contiene, al mismo tiempo, la disminución de inscripciones en el padrón electoral y el abstencionismo de quienes estando inscritos empezaron a no acudir a las urnas. Mientras en 1989 el 92,2 % de los mayores de 18 años se inscribió en los registros electorales y sólo el 2,5% de ellos se abstuvo de votar, para el 2009 el porcentaje de inscritos había bajado al 68% y el abstencionismo aumentado a un 12,3%. Más aún, estas tendencias tenían un claro sesgo generacional, en la medida que eran los más jóvenes quienes dejaron de inscribirse permitiendo un fuerte envejecimiento del padrón electoral. Mientras en 1989 los menores de 29 años constituían el 33,4% y los mayores de 60 sólo el 14,4% de dicho padrón, esa relación se invirtió en 20 años, con un 25,7% de mayores de 60 y un escaso 9,2% entre 18 y 29 años hacia el 2009.

Durante años se planteó que el sistema de inscripción automática y voto obligatorio no contribuía a incentivar la participación electoral imponiendo un requisito cada vez más anacrónico de inscripción y luego imponiendo obligatoriedad so pena de multas para quienes no acudían a las urnas. Así, en el 2011 se aprueba después de años de discusión una reforma que instaura un régimen de inscripción automática y voto voluntario, que en parte buscaba cambiar los incentivos para la participación electoral y detener la tendencia a su disminución. Sin embargo, los resultados de las elecciones siguientes a la reforma han mostrado que dicho objetivo no se logró.

Más aún, la tercera Encuesta Auditoría a la Democracia (2012), que consultó a las personas que no habían votado en las elecciones municipales de ese año, mostró que se trataba de factores vinculados a la desconfianza en las instituciones políticas o la desafección con la política en general, más que con las características específicas del mecanismo de inscripción electoral. Respuestas consistentes con las que entregaron los ciudadanos sobre los motivos para no inscribirse en los registros electorales en mediciones realizadas en 2008 y 2010, donde destacaba mayoritariamente las opciones de “la política no me interesa” (59% y 58% para cada año respectivamente)y “los políticos no abordan los problemas que importan” (41% y 39%), y sólo en un tercer lugar aparecían quienes declaraban que “no quiero estar obligado a votar” (33% y 36%).

El alejamiento de los electores de las urnas no es un proceso homogéneo. Además de la brecha generacional, también ha ido aumentando un sesgo en términos económicos y geográficos, siendo lo/as electores más jóvenes, los de estratos más pobres y ciudades más grandes quiénes menos están acudiendo a votar. Por el contrario, los mayores de 40 años, los ciudadanos de estratos medios y altos y quienes habitan en ciudades pequeñas o medianas continúan ejerciendo su derecho a sufragio en mayor proporción.

Este alejamiento debe ser interpretado como una clara luz de alerta para nuestra democracia. Desafección que no puede ser reducida sólo al ámbito de las percepciones ciudadanas, ni atribuida a una tendencia mundial, debe ser mirada de manera integral, considerando la propia estructura institucional, las prácticas de los actores políticos y, por cierto, las expectativas de las personas. La insatisfacción que expresan hoy los ciudadanos tiene raíces normativas e institucionales reales y se ha transformado en una característica estructural del funcionamiento democrático.

Pero el desinterés en participar en las elecciones no puede verse como un camino sin retorno ni aislado de otros procesos. Al contrario, a pesar de estas tendencias, el informe Auditoria a la Democracia presenta evidencia que en los últimos años ha aumentado tanto la adhesión como la participación en movimientos sociales y acciones colectivas distintas a las consideradas formales o institucionales, en especial en torno a demandas por reformar el sistema educacional, la relación entre el Estado y el pueblo mapuche, conflictos por la instalación de proyectos medioambientales, demandas por el desarrollo integral de las regiones, entre otros temas. Estos movimientos dan cuenta de que el fenómeno de la participación no transita sobre un eje único; no es posible hablar solo de apatía o desafección, sino que también es necesario referirse a las transformaciones en las esferas y las formas de participar en lo público, así como al claro alejamiento y cuestionamiento de las instituciones vinculadas al régimen político en particular.

El desafío es entender que existe una creciente desigualdad en el ejercicio de derechos y en los niveles de participación que hace que la voz de distintos grupos de ciudadanos esté presente en las instituciones representativas y en los procesos de deliberación pública, mientras otros se ven cada vez más marginados. Para enfrentar la desafección y la creciente desigualdad en la esfera política, las instituciones y actores políticos deben buscar nuevas formas para incorporar a los ciudadanos y ciudadanas a la democracia a través de una participación efectiva. Aumentar los espacios para la participación, mejorar los mecanismos de representación incluyendo el sistema electoral binominal, fortalecer la comunicación y educación cívica, enfrentar las tensiones y debilidades de los partidos políticos, entre otras medidas. Se trata de enfrentar las causas y poner urgencia a las transformaciones en la esfera política que lograran acercar las instituciones a la ciudadanía, pues sólo con democracia se construye más y mejor democracia.

Disponible en Ciper