“Avance hacia una nueva Educación Pública”

Mantener las cosas como están es apostar por la privatización y el desmantelamiento de la educación pública.

27-07-2016

Luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados, el Senado ha comenzado a estudiar el proyecto de ley que crea un nuevo sistema nacional de educación pública escolar, poniendo fin a la municipalización iniciada hace más de treinta años. Un paso muy significativo, sobre todo si se compara con el nulo avance que tuvieron las iniciativas presentadas por los dos últimos gobiernos con el mismo propósito. Hasta aquí el proyecto ha avanzado sin el apoyo mayoritario de los parlamentarios de derecha, pero es muy importante que en el Senado este sector se sume, para hacer de la refundación de la educación pública una empresa nacional de mediano y largo plazo. Mantener las cosas como están es apostar por la privatización y el desmantelamiento de la educación pública, y de paso privar al país de una herramienta poderosa para mejorar la calidad y equidad educativas.

En el curso del debate, algunos han dudado sobre la importancia de crear una administración local especializada en educación: ¿por qué no hacer que cada escuela sea totalmente autónoma? Aunque la experiencia internacional es variada, prácticamente todos los sistemas cuentan con instituciones de gestión y  política educacional por sobre las escuelas; y existe sobrada evidencia sobre el rol relevante que un nivel intermedio puede cumplir en gestionar, apoyar y supervisar a los establecimientos.Además, la evidencia comparada previene sobre una excesiva descentralización, especialmente en países muy desiguales o de bajo desempeño, como el nuestro.

Salvo contadas excepciones, Chile no posee instituciones públicas descentralizadas donde se desarrollen y acumulen capacidades profesionales al servicio de las escuelas y liceos; menos las tiene el sector privado que es extremadamente atomizado. La ausencia de este “nivel intermedio” hace más difícil impulsar procesos de mejoramiento masivos en Chile y todo termina dependiendo de las particularidades de cada establecimiento educacional. La nueva educación pública creará esta pieza faltante en el sistema escolar, conectando políticas nacionales y gestión educativa local.

Otro aspecto que ha estado en el centro del debate es cómo financiar la nueva educación pública. Se requiere contar con cuatro líneas de financiamiento, cada una con su lógica y mecanismos de asignación y gestión: una que garantice los costos de los servicios locales; otra de inversión en nueva infraestructura educativa; una de desarrollo y mejoramiento de la educación pública; y finalmente otra que cubra los costos de operación de las escuelas. El proyecto hace un avance importante al establecer el financiamiento directo de los servicios locales, lo cual debiera garantizar un elevado nivel de profesionalización y equidad territorial, superando dos deficiencias graves de la municipalización. También se mantendrá un fondo especial de apoyo, al menos durante el proceso de transición hacia el nuevo sistema. Sin embargo –y esto no requiere de ley para hacerse- es urgente que elEstado aumente los recursos públicos y agilice los instrumentos de planificación para expandir la oferta escolar pública en todo el territorio, especialmente en zonas de crecimiento urbano.

Por último, la reforma educacional no estará completa sin un cambio del sistema de subvenciones. El financiamiento de las escuelas vía subsidio por asistencia de alumnos tiene severas limitaciones que deben ser corregidas, también para el sector privado subvencionado. Afortunadamente, la ley que pone fin al lucro, la selección y el copago, y otorga nuevas herramientas al Estado para evitar la sobreoferta en los distintos territorios, genera condiciones mucho más favorables para realizar este cambio, al exigir más claramente que la educación privada se oriente por el interés público.

Aunque perfectible, este proyecto es la propuesta más sólida que el país ha conocido para renovar su educación pública escolar desde 1980. Obviamente, fortalecer la educación pública requerirá de un compromiso nacional sostenido, que no se agota en la ley; pero su aprobación será el primer gran paso.


Disponible en Voces de La Tercera.