“Bachelet y reforma al financiamiento de la política”

Se requiere introducir importantes cambios al Servel, que lo asemejen a una superintendencia. Solo con un Servel moderno y proactivo se evita el riesgo de que las platas negras provenientes de empresas aumenten.

07-11-2014

Durante la semana pasada, la Presidenta Bachelet declaró desde España que impulsará una reforma al actual financiamiento electoral, eliminando tanto las donaciones reservadas como las donaciones realizadas por personas jurídicas.

Si bien reformar el sistema de financiamiento de la actividad política no estaba en el programa de gobierno de la actual Mandataria, impedir que empresas donen a la política es congruente con la postura que tuvo en su mandato anterior. Hacia fines de 2006, su gobierno presentó un proyecto de ley que buscaba terminar con los aportes de personas jurídicas y perfeccionar -no eliminar- el sistema de donaciones reservadas, entre otras medidas. Sin embargo, el proyecto nunca superó la primera tramitación en la Cámara de Diputados. En esa ocasión, la voluntad política no fue suficiente para concretar avances en esta materia. Esto no debe sorprender, puesto que se trata de modificar las reglas del juego bajo las cuales los incumbentes accedieron a sus cargos actuales.

Es habitual que las reformas a la legislación sobre la relación entre política y dinero solo se vuelvan viables luego de escándalos que ponen el tema en la agenda pública, por lo cual celebramos que la Mandataria aproveche esta nueva ventana de oportunidad para liderar un proceso que contribuya a recuperar la confianza de la ciudadanía hacia sus representantes, terminando con la opacidad que caracteriza a la legislación actual.

El financiamiento de la política es un tema multifacético, en el que cambios parciales que ignoran la interacción entre aristas diversas del problema pueden terminar empeorando la situación. Por eso es clave que, tal como lo ha sugerido el Gobierno, se complementen con otras reformas, tanto o más importantes que las anunciadas e incluidas en las indicaciones presentadas por los diputados Jackson y Mirosevic.

La información disponible para el caso Penta sugiere que existen empresas que financian de manera ilegal la política. Esto se ve facilitado porque el Servel no es capaz de detectar el financiamiento ilegal: no tiene atribuciones ni recursos para estimar el gasto en campaña o detectar aportes no reportados, y su rango de acción es estrecho y más que nada reactivo. Por lo tanto, se requiere introducir importantes cambios al actual Servel, que lo asemejen a una superintendencia.

Esto implica otorgarle nuevas facultades, como la capacidad de cruzar datos con el Servicio de Impuestos Internos y fiscalizar en terreno el gasto efectivo que las candidaturas realizan, recibiendo denuncias de cualquier ciudadano y no solo de partidos políticos, como impone la legislación actual. Además, requiere eliminar el requisito de que el director de este organismo deba ser abogado, a fin de abrir la posibilidad a que entren profesionales con un perfil más ejecutivo, capaces de responder a los múltiples desafíos que la ejecución de una fiscalización efectiva supondrá para esa institución. Solo con un Servel moderno y proactivo se evita el riesgo de que las platas negras provenientes de empresas aumenten.

Mejorar el Servel también tendrá como efecto disminuir la importancia desmedida que tiene en la actualidad el dinero en las campañas electorales, puesto que se podrá fiscalizar que se cumpla con disposiciones legales vigentes, tales como los plazos para hacer propaganda y los límites al gasto.

De este modo, al reducir las oportunidades para realizar gastos de campaña, la presión que actualmente enfrentan los candidatos por conseguir recursos del sector privado disminuirá considerablemente.

El financiamiento de la política siempre será un tema complejo, por lo que no existe una bala de plata que permita solucionar todos los problemas inherentes a la relación entre dinero y política. Así, una mirada sistémica es la única manera de aspirar a avanzar en esta materia. Es de esperar entonces que la Presidenta no permita que se diluya esta segunda oportunidad que providencialmente se le presenta, para avanzar hacia un sistema de financiamiento de la política más justo y transparente hacia la ciudadanía.

Disponible en El Mercurio