“Bochornosa descoordinación”

Cuando la incompetencia se apropia de las instituciones, es posible terminar en incidentes vergonzosos como éste.

17-10-2016

Las recriminaciones entre el Registro Civil y el Servicio Electoral a propósito de los errores en el padrón electoral son el epílogo para dos instituciones que eran, hasta hace poco, ejemplos de gestión e integridad.

Desde el retorno a la democracia la agenda de reforma del Estado -extraviada por ahora en algún escritorio de La Moneda- focalizó sus iniciativas en los sistemas de gestión de los servicios públicos. Uno de los organismos que tuvo un destacado reconocimiento fue el Registro Civil. Por su parte, el Servicio Electoral actuó por años con integridad en los procesos electorales, garantizando la fidelidad de sus registros y la oportunidad de los resultados.

¿Qué ocurrió entonces? La respuesta está en algo obvio. Para que un proceso de reforma institucional sea exitoso no basta con la aprobación legislativa y la disponibilidad presupuestaria; es indispensable ocuparse también, de manera detenida, de la implementación.

El Registro Civil comenzó a finales de la década anterior un ambicioso proceso de transformación de sus sistemas tecnológicos. Pero estos procesos terminaron judicializados, con acusaciones de corrupción, retrasos significativos y un evidente deterioro funcionario. En el Servel, en tanto, se creó un consejo directivo y se aprobaron reformas para ejecutar y supervisar mecanismos como la inscripción automática, el voto voluntario y el control del financiamiento de la política. Pero este proceso ha tenido problemas notorios, con disputas al interior del organismo y excusas permanentes para cada uno de sus errores.

Con los inconvenientes en ambas instituciones, la integración de la información necesaria para conformar el padrón electoral reveló que la elemental coordinación pública se había transformado en un conjunto de recriminaciones, con el más absurdo de los argumentos burocráticos: “Enviamos comunicaciones que no tuvieron respuestas”, se señala, como si la responsabilidad pública se agotara en despachar oficios.

Este incidente evidencia una tormenta perfecta en materia de gestión pública: reformas a implementar por instituciones cuestionadas, autoridades que creen resguardar su responsabilidad culpando a otros, un Gobierno que pretende “mediar” en un asunto en el que estaba obligado a intervenir y una denuncia por eventuales delitos, que llevará a decenas de funcionarios públicos a explicar ante otras entidades las torpezas de sus jefes.

Cuando la incompetencia se apropia de las instituciones, es posible terminar en incidentes vergonzosos como éste, donde unos culpan a otros y nadie asume su propia responsabilidad. En cualquier democracia razonable, aquéllo termina con la renuncia al cargo de quienes debían evitar un error de este tipo, y no con proyectos de ley desesperados que probablemente incrementarán los riesgos de judicialización del proceso electoral.

Disponible en La Segunda