“Caso Penta y financiamiento a partidos: una oportunidad que no debe desperdiciarse”

29-01-2015

Con el objeto de transparentar y mejorar sustantivamente la calidad de la actividad política, los investigadores de Espacio Público proponen cambios al proyecto que modifica el financiamiento de campañas y partidos. Conscientes de que el descrédito público torna impopular la iniciativa, piden que el fondo a repartir se incremente, pero que los dineros sólo se entreguen a condición de que los partidos acrediten el cumplimiento de buenas prácticas democráticas: transparencia en su administración, trabajo descentralizado, propuestas programáticas serias y representación efectiva de la diversidad del país.

 

Una de las respuestas a la conmoción causada por el Caso Penta ha sido el proyecto de ley que modifica el financiamiento de campañas y, además, establece un financiamiento público y regular a los partidos políticos. En un contexto nacional en que la identificación partidaria y confianza en las colectividades políticas se encuentran en niveles bajísimos, esta última reforma será probablemente la más cuestionada por la ciudadanía, puesto que la idea de financiar “a los políticos” genera un amplio rechazo. De hecho, según la última encuesta Lapop, solo un 12% de los chilenos se identifica con un partido, cifras que están lejos de ser una tendencia regional, ya que, por ejemplo, en Costa Rica este mismo indicador alcanza el 67% y en Uruguay, el 60%.

Esta desconexión con los partidos se inserta, además, en un contexto más amplio donde el descontento y desafección hacia la política se manifiesta, entre otras cosas, en los altos niveles de abstención electoral.

La negativa evaluación del rol de los partidos no es gratuita, sino producto de cómo estos han funcionado desde el retorno a la democracia. Si bien nuestro sistema de partidos ha sido estable dentro del contexto latinoamericano, esto se ha logrado con estructuras de poder y deliberación cerradas, es decir, alejando a las bases ciudadanas de la organización partidaria. La falta de transparencia de los partidos, la preponderancia de líderes con mayores recursos (“mecenas”) y la poca representatividad que se expresa, entre otras cosas, en la limitada participación de mujeres en sus instancias internas de poder, son todos síntomas de una preocupante lejanía con el electorado.

Los escasos recursos propios agudizan la dependencia de los partidos de donaciones que, como ha quedado expuesto recientemente, contribuyen a que las decisiones de éstos sean vulnerables a conflictos de interés y captura que la ciudadanía no puede evaluar.

Si bien los partidos chilenos definen candidatos para competir en elecciones, no juegan otros roles tanto o más importantes que sí cumplen en otras democracias más desarrolladas. Recibir las preocupaciones de la ciudadanía y traducirlas en programas políticos a través de un proceso deliberativo, contribuir a la formación cívica de los ciudadanos y evaluar políticas públicas, son funciones que deben ser realizadas por los partidos y que contribuyen a revitalizar el sistema político.

Ante este escenario, la idea de destinar fondos a entidades que funcionan de manera insuficiente podría parecer al menos irresponsable. Sin embargo, desde Espacio Público celebramos que el Ejecutivo haya decidido impulsar el financiamiento público de los partidos políticos. En este punto, nuestros reparos al proyecto pasan porque este no es lo suficientemente ambicioso y, tal como está, deja pasar una oportunidad única para exigir importantes cambios en el funcionamiento de los partidos que ya existen e incentivar buenas prácticas en aquellos por formarse.

Para esto, el proyecto debería ser mucho más exigente y entregar recursos directamente a medida que los partidos sean capaces de aportar con distintos “bienes públicos” al país. En nuestra propuesta, entendemos que tales bienes se desprenden del apego de éstos a virtudes republicanas, tales como la transparencia, el trabajo descentralizado y programático y la representación efectiva de la diversidad del país dentro del partido.

Dado que las condiciones para acceder al financiamiento esbozadas en el proyecto son solo sobre transparencia financiera, los fondos no actuarán como un incentivo a modificar las actuales prácticas internas. Si a esto se suma que los montos propuestos por el Ejecutivo son bajos como para mejorar de manera sustantiva la independencia económica de los partidos, esta combinación puede terminar contribuyendo a un descrédito aun mayor de los partidos.

En Espacio Público somos enfáticos: una democracia sin partidos plenamente democráticos e independientes es vulnerable al populismo y al liderazgo de caudillos locales. Por esto, proponemos, tal como hace el gobierno, un fondo a partir de los votos en la última elección parlamentaria, pero por un monto cuatro veces superior. Esta cifra permite que se destinen fondos de similar envergadura tanto para campañas como para el financiamiento regular de la política, lo que parece razonable dado que ambas facetas de la vida política tienen una importancia relativa similar. Si se considera que para la última elección el Estado gastó cerca de $26 mil millones, proponemos que en un plazo de cuatro años se destine una cantidad equivalente para financiar a los partidos. Esto nos acerca a la cifra de $6.600 millones de pesos anuales, superior a los $1.500 millones contemplados en el proyecto del Ejecutivo.

Por otra parte, las exigencias que proponemos para que los partidos puedan acceder al financiamiento público también son más elevadas que aquellas contempladas en el proyecto enviado al Congreso. Para esto, proponemos un financiamiento de tres niveles, cada uno ligado a exigencias específicas de cumplimiento. El primer nivel básico corresponde al 10% del monto definido y la condición para acceder a esos recursos será la transparencia activa relativa a todas las actividades del partido. El segundo nivel equivale al 45% de los fondos y los requisitos serán invertir al menos el 50% de los fondos asignados en las regiones en que esté conformado el partido, distintas a la Metropolitana, y al menos el 30% en actividades de formación política. El otro 45% del fondo corresponde al tercer nivel, que se repartirá entre los partidos que dentro de sus estructuras de gobierno nacional y regional incorporen a mujeres, jóvenes y miembros pertenecientes a pueblos originarios. Tanto el segundo y como el tercer nivel se repartirían de manera proporcional a los votos y escaños obtenidos en las últimas elecciones de la Cámara Baja.