“Caso Petrobras: lecciones para Chile”

Los temas de corrupción no solo debilitan las democracias, sino que también tienen costos de productividad enormes.

30-07-2017

Quien quiera entender cómo el caso Petrobras terminó siendo el escándalo de corrupción más grande de la historia, debe comenzar por remontarse a las protestas multitudinarias que ocurrieron en Brasil en 2013, contra los malos servicios públicos, el exceso de gasto en el Mundial y la corrupción. Fue entonces que, con objeto de apaciguar los ánimos, la Presidenta Dilma Rousseff impulsó reformas legales para combatir fraudes sistémicos, destacando entre ellas la introducción de la delación compensada. De esta manera, los fiscales brasileños contaron con una nueva herramienta para sus investigaciones, pudiendo negociar la reducción de penas con inculpados a cambio de información que permitiera procesar a figuras más importantes.

Cuando el año siguiente comenzaron las investigaciones de lo que sería conocido como el caso Lava Jato, vimos cómo los fiscales iban obteniendo evidencia para inculpar a actores cada vez más poderosos y relevantes, usando la delación compensada como arma clave para destapar la red de corrupción tejida en torno a Petrobras.

Y fue así como supimos de las 16 empresas constructoras brasileñas coludidas con altos ejecutivos de Petrobras para proveer a la estatal petrolera de obras a precios inflados; de sobreprecios -de más de 10 veces en algunos casos- en los proyectos de infraestructura del Mundial de 2014; de una división de la empresa Odebrecht con dedicación exclusiva al pago de coimas, en más de una decena de países, incluyendo entre sus “servicios” la apertura de cuentas off shore para sus “clientes” y así evitar la detección de ingresos fraudulentos.
Y fue así como algunos de los empresarios más poderosos de Brasil hoy están presos, condenados a 10 años de cárcel y más.

Y fue así como hoy se encuentran inculpados, y en algunos casos condenados, varios presidentes y ex presidentes de la región, por recibir coimas de decenas de millones de dólares, junto a centenares de ministros y parlamentarios.

Quienes hemos estudiado el tema de la infraestructura intuíamos la existencia de coimas a cambio de renegociaciones favorables de contratos. Suponíamos que, dados los montos millonarios asociados a cada obra, las coimas estarían en torno al 3% o 5% del valor de las inversiones. Mal que mal, para un proyecto de más de cien millones de dólares, una coima de cinco millones no deja de ser una suma considerable.

¡Cuán equivocados estábamos! El acuerdo a que llegó Odebrecht con el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos en diciembre de 2016 revela los montos que la empresa pagó en sobornos en una decena de países de América Latina junto a los montos de las inversiones correspondientes (la empresa no tuvo proyectos en Chile durante el período en cuestión). Calculando un simple cociente se concluye que, en promedio, las coimas eran el 30% del costo de la inversión, excediendo el 50% en Guatemala y República Dominicana. Si a estas cifras agregamos los sobreprecios a beneficio de la empresa, es probable que en varios países de la región el llamado “IVA de la corrupción” haya excedido el 100%.

La figura de delación compensada tiene sus críticos, quienes argumentan que facilita la impunidad de quienes cometen actos de corrupción. Una buena legislación de delación compensada incluye una institucionalidad que vela porque los beneficios de una delación para la investigación excedan con creces el beneficio que recibe el delator. También, si la información entregada resulta ser falsa o incompleta, el acuerdo logrado deja de ser válido, de modo que hay incentivos potentes para entregar información veraz. En el caso de Marcelo Odebrecht, por ejemplo, el acuerdo a que llegó con la fiscalía, debidamente visado por autoridades superiores del Poder Judicial, llevó a que su condena se redujera de 19 a 10 años de cárcel, obteniéndose a cambio información que permitió avanzar de manera impresionante en las investigaciones. Por eso, probablemente, se le conoce como la “confesión del fin del mundo”.

Chile

Chile ha sido el país que puede exhibir la agenda anticorrupción más exitosa de la región. Esta afirmación no solo refleja lo poco que ha sucedido en otros países, también se justifica porque hemos tenido avances significativos, aunque no suficientemente valorados. Regulaciones mucho más exigentes para transparentar y regular el financiamiento de la política; financiamiento público y exigencias de mayor democracia interna para los partidos que les darán mayor independencia de intereses creados; el retorno de la educación cívica a las escuelas y colegios; declaraciones de patrimonio e intereses mucho más informativas, que servirán para prevenir y detectar los conflictos de interés; entes reguladores de los mercados más empoderados y con mayores grados de autonomía y una reforma mayor del Sistema de Alta Dirección Pública son solo algunas de las medidas ya aprobadas por el Congreso.

No obstante lo anterior, hay temas donde no se ha podido legislar, siendo uno de ellos tal vez el más importante a la luz del caso Petrobras, el fortalecimiento de la delación compensada.

La delación compensada sirve de poco para combatir la corrupción en Chile bajo la legislación actual, por dos motivos. Primero, porque las penas son bajas, de modo que los fiscales tienen poco que ofrecer y, segundo, porque aun si las penas fueran más altas, los fiscales no cuentan con la potestad de sus pares brasileños para llegar a acuerdos.

Dos proyectos de ley se analizan en el Congreso para aumentar las penas por delitos de corrupción, uno es iniciativa del Ejecutivo, el otro, una moción parlamentaria. Aun cuando ambos apuntan en la dirección correcta, los cambios propuestos son insuficientes. Llama la atención, por ejemplo, que en la mayoría de los casos las nuevas penas seguirán siendo inferiores a aquellas existentes para delitos contra la propiedad. Lo más preocupante, sin embargo, es que las iniciativas legales mantienen la situación actual donde los fiscales prácticamente no pueden negociar rebajas de penas a cambio de la denuncia de inculpados, lo cual contrasta con las amplias facultades que tienen para ofrecer rebajas sustantivas por delitos contra la propiedad a cambio de la aceptación de los hechos.

Tal como lo sugiere la información que hemos conocido gracias a la delación compensada sobre las coimas en proyectos de infraestructura en América Latina, los temas de corrupción no solo debilitan las democracias, sino que también tienen costos de productividad enormes. Si no hubiera corrupción, la productividad en el sector infraestructura en varios países de la región probablemente sería más del doble. Podemos concluir, entonces, que contar con la delación compensada para combatir la corrupción contribuye, simultáneamente, a un mayor crecimiento y a fortalecer la democracia.

Disponible en La Tercera