“Chile diverso: Institucionalidad para la igualdad”

La legislación comparada ofrece múltiples ejemplos de agencias del Ejecutivo que llevan a cabo esta labor, complementando la fiscalización que, desde fuera de la administración, cumplen órganos como el INDH.

09-08-2016

La idea de que somos un país diverso es reciente en el espacio público chileno. Desde la fundación de la república hasta fines de los 80, el Estado perseveró en consolidar una sociedad homogénea, uniformada, con concepciones de mundo comunes a todos. Los ejemplos sobran: el trato denigratorio que recibieron creyentes de religiones distintas a la católica durante el siglo XIX y gran parte del XX; la ocupación y colonización del sur, que sometió cosmogonías, lenguas y formas de vida a un asedio destructivo; la voluntad estatal de establecer, con la complicidad de la Iglesia Católica, una sola forma de familia, una sola clase de hijos, una sola manera de vivir la sexualidad; las ideas nacionalistas y de higiene social que predominaron durante la primera mitad del siglo XX, con secuelas nefastas como la Ley de Defensa de la Raza (Aguirre Cerda) y la Ley de Estados Antisociales (Ibáñez); la denegación de derechos y protección a las mujeres; la larga espera de las personas con discapacidad para ser tomadas en cuenta, la postergación que han vivido los inmigrantes.

El afán de uniformidad recrudeció durante la dictadura. Mediante el uso de la fuerza y el control de la prensa y las universidades, la Junta buscó imponer un modelo de conducta y valores propios de poblaciones militares. Incluso la prolongación del toque de queda durante trece años puede interpretarse como una política de disciplina cultural.

Esta estrecha visión de la sociedad no tuvo color político. Históricamente, los partidos de izquierda tampoco tuvieron voluntad para tomar, por ejemplo, las banderas de la emancipación femenina, ni las demandas de la diversidad sexual.

La ceguera de siglos por parte del Estado está en la base del desafío que enfrentamos hoy para abrazar la diversidad que desde siempre ha existido en nuestro país y prepararse para acoger las nuevas diversidades que puedan surgir.

Con el regreso de la democracia, el Estado comenzó a realizar esfuerzos de inclusión de grupos discriminados. Con excepciones como el Sernam, se trató de un abordaje sectorial y principalmente asistencialista, en oposición a una mirada transversal que abarcara el problema desde sus raíces hasta sus soluciones. Ya entrado el siglo XXI, en parte gracias al trabajo de numerosas organizaciones de la sociedad civil, Chile empezó a verse como el país diverso que es y, sobre todo, a valorar esa diversidad como fuente de riqueza cultural.

Para dejar zanjadas la gravedad y la amplitud del problema, basta mencionar los informes del PNUD (2012) y del INDH (2015). Según el primero, el 36,1% de los encuestados declaró haber tenido al menos una experiencia de discriminación. En el segundo, el 48,5% cree que en Chile se discrimina en los lugares de trabajo, y el 40,5% que se discrimina “en la calle”.

A partir de este diagnóstico, Espacio Público ha querido proponer la creación de una institución al interior del Poder Ejecutivo que desarrolle e implemente políticas públicas de igualdad y no discriminación, un compromiso pendiente desde que entró en vigor la Ley Antidiscriminación. Dicha agencia podrá ser un nuevo órgano o venir a fortalecer uno ya existente.

Su misión será que el Estado garantice el principio fundamental sobre el que se sostiene nuestra democracia y la doctrina de los derechos humanos: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Su objetivo será lograr que los habitantes de nuestro país nos sintamos parte de la casa común, al mismo tiempo que veamos respetada nuestra diversidad cultural, de género, de origen nacional, de capacidades diferentes, etaria, étnica, sexual, religiosa… Con tal fin, e iluminada por un concepto de igualdad activa y transformadora, deberá lidiar con las jerarquías naturalizadas dentro del tejido social. Dichas jerarquías, que nos dividen en ciudadanos de primera y segunda clase, inculcadas a lo largo de la historia, son la raíz de todo acto discriminatorio.

La legislación comparada ofrece múltiples ejemplos de agencias del Ejecutivo que llevan a cabo esta labor, complementando la fiscalización que, desde fuera de la administración, cumplen órganos como el INDH. Hemos tenido a la vista estas experiencias al proponer el mecanismo de creación, su dependencia jerárquica, su gobierno institucional, la debida coordinación con los esfuerzos sectoriales y, sobre todo, las funciones y herramientas de gestión necesarias para que la agencia no sea solo un acto simbólico, sino que permita transversalizar a lo ancho del Estado y a lo largo del país políticas capaces de cambiar comportamientos atávicos.

Que las palabras de Humberto Maturana nos sirvan de inspiración: “La equidad tan conscientemente anhelada hoy, no es otra cosa que la legitimidad de la diversidad”.


Disponible en El Mercurio.