“Cómo perjudicar una buena causa”

Será muy difícil explicar por qué los funcionarios públicos deben tener derecho a huelga.

03-11-2015

La extendida huelga del Registro Civil, además de prolongarse inexplicablemente, ha generado una afectación a los derechos de los ciudadanos, frente a los cuales no sólo existe responsabilidad del Gobierno, sino que también de la dirigencia sindical. Al actuar de ese modo se ha terminado por afectar la legitimidad de una buena causa: que los funcionarios públicos puedan disponer de derechos colectivos como la negociación colectiva y el derecho a huelga.

Como se sabe, las paralizaciones en el sector público son ilegales. La razón es que la Constitución contiene una prohibición absoluta de la huelga para los funcionarios públicos. Esto se explicaría porque el Estado realiza prestaciones continuas, que no pueden interrumpirse. Los funcionarios estarían sometidos a deberes legales y no contractuales, porque a través de ellos se garantizan las prestaciones de servicios públicos. Por eso, estos tienen ciertos privilegios, pero también obligaciones y prohibiciones.

Negar la posibilidad de derechos colectivos a los funcionarios públicos es tan absurdo como retrógrado, pero su reconocimiento no puede estar sometido a las mismas reglas que los trabajadores del sector privado. Están en juego la función pública y la esencialidad de algunas prestaciones básicas.

Existe cierto acuerdo entre especialistas que el derecho a huelga debe ser extendido a los funcionarios públicos, limitándolo bajo dos condiciones excepcionales. La primera que este derecho no lo invoquen quienes ejerzan funciones de autoridad en nombre del Estado, como los cargos de confianza. La segunda, que no afecte prestaciones públicas esenciales para la comunidad, entendiendo por tales “aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”.

El problema en el caso del Registro Civil es tratar de negar una realidad. Los funcionarios están ejerciendo derechos colectivos de los cuales deberían ser titulares. Pero los ejercen de facto en un contexto desregulado, sin etapas de negociación previa ni arbitraje obligatorio, y que por su duración ha terminado por interrumpir un servicio que las personas consideran esencial para su vida cotidiana, provocando riesgos inadmisibles para ellas.

La extensión de esta huelga y su radicalización progresiva perjudicará al propio movimiento sindical. Después de esto será muy difícil explicar a ciudadanos indignados por qué los funcionarios públicos deben tener derecho a huelga. Una buena causa se está deslegitimando por la persistente tozudez de los funcionarios y una sorprendente improvisación del Gobierno.


Disponible en La Segunda.

*Fotografía Emol.