“Competencias, productividad y bienestar social”

La implementación de sistemas de capacitación efectivos en los lugares de trabajo y el reconocimiento de las competencias adquiridas son igualmente importantes si el objetivo es conciliar crecimiento y bienestar social.

07-07-2016

La relación entre las competencias de los trabajadores y la productividad está más que comprobada. Si bien no es lineal y hay muchos factores que pueden intervenir, la capacitación tiene no solo efectos positivos sobre el potencial productivo del país, su capacidad para adecuarse a cambios tecnológicos y desarrollar innovación. Es también un instrumento de movilidad social.

Tiene el potencial de reducir las desigualdades de ingreso al permitirle al trabajador formarse continuamente, aumentar su productividad, lograr mejores puestos de trabajo y, eventualmente, obtener un mejor salario.

En Chile, según lo demuestran los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos, no solo es alarmantemente bajo el nivel de competencias de la población adulta en relación a la OECD; existe además un segundo problema: no hay un sistema efectivo de certificación de esas competencias.

Chile es un país “credencialista” donde lo que  importa es el título obtenido en el sistema educacional formal, más allá de los conocimientos adquiridos durante los estudios o a lo largo de la vida laboral. En el contexto de un sistema educacional con una multiplicidad de proveedores de distintas calidades, es poco lo que dice el diploma respecto de las competencias que tiene su dueño. ¿Qué sabe hacer un ingeniero? ¿Qué sabe un técnico? ¿Cuál de los dos es mejor para qué puesto de trabajo?

Imagine un empleador que busca llenar una vacante. Sabe que la gran mayoría de la población tiene un nivel muy bajo de competencias pero sus títulos no le permiten distinguir qué trabajador está en qué nivel. Ante esto, decide pagar el sueldo del “trabajador promedio”. Éste estará por debajo de las expectativas del trabajador bien calificado. Disminuirá la proporción de candidatos con este perfil en competencia por el cargo y aumentará la de trabajadores sub-calificados.

El sueldo del nuevo trabajador promedio bajará aún más. Más trabajadores calificados saldrán del mercado y mayor será la proporción de trabajadores sub-calificados que permanecerán. En último término, solo quedarán disponibles para ocupar el cargo trabajadores con bajas competencias por un peor salario que el que el empleador estuvo dispuesto a pagar originalmente.

De esto resultan dos fenómenos: primero, que el mercado laboral se segmenta en dos grupos, uno -98% de la población- cuyos sueldos son dramáticamente bajos que los ganados por trabajadores con competencias similares en otros países; y otro -1,4% de la población-, que accede a trabajos y sueldos propios de las economías productivas.

Segundo, que se produce un desacople entre las competencias requeridas para los cargos y los trabajadores contratados. Ante el riesgo de contratar a un trabajador sub-calificado, el empleador preferirá a un ingeniero con un diploma universitario para un cargo que podría haber hecho mejor un técnico.

Esto genera una pérdida de productividad para la economía (trabajadores con altas competencias quedan capturados en puestos para los que se encuentran sobre calificados) pero además, una pérdida de bienestar social (el trabajador sobre calificado ganará en promedio 17% menos que sus pares bien calificados y el que estaba bien calificado terminará –probablemente- en un empleo menos productivo que aquel para el que estaba preparado).

Si el debate ha tendido a centrarse en la necesidad de mejorar la calidad de la educación pública, este problema no se agota ahí. La implementación de sistemas de capacitación efectivos y de calidad y de mecanismos formales de reconocimiento de las competencias adquiridas, son igualmente importantes si el objetivo es conciliar crecimiento y bienestar social.


Disponible en El Dínamo.