“Condena por el caso Atala”

Lamentablemente, una vez más, la Corte Suprema se muestra ajena al rol que le cabe dentro del sistema interamericano de protección de los DD.HH.

14-09-2016

El pleno de la Corte Suprema informó a la Dirección de DD.HH. del Ministerio de Relaciones Exteriores que ha cumplido con lo ordenado por la Corte Interamericana de DD.HH., a raíz de la condena al Estado de Chile por el caso Atala.

En lo medular, dicha sentencia establece que la discriminación sufrida por ella y su familia obedece a prejuicios severos y estereotipos históricos en contra de las personas de la diversidad sexual. Para superarlos, y teniendo siempre en cuenta la vocación transformadora de las medidas de reparación, se le exige al Estado educar a todos sus funcionarios públicos en materia de DD.HH. de la diversidad sexual y de género. Dichas capacitaciones deben ser permanentes y a todo nivel.

Respecto del Poder Judicial en particular, la condena señala expresamente que estas capacitaciones deben ser para todos los niveles jerárquicos, para así llegar a superar la discriminación y marginación ante el derecho que sufren las personas lesbianas, gays y transexuales. Yerra la Corte Suprema entonces al considerar cumplida dicha condición con la parrilla de cursos ofrecidos por la Academia Judicial. En primer lugar, la Academia es un ente autónomo del Poder Judicial y por lo tanto no corresponde a un esfuerzo propio de ese poder del Estado. Se debe considerar también que los cursos son electivos, y si un funcionario no quiere aprender de DD.HH., nadie puede obligarlo. Y por último, sus cupos son reducidos y los ministros de la Corte Suprema se hallan eximidos de cursarlos. Es decir, desde ningún punto de vista se cumple con el estándar mínimo solicitado por la condena.

Lamentablemente, una vez más, la Corte Suprema se muestra ajena al rol que le cabe dentro del sistema interamericano de protección de los DD.HH. y reluctante ante la necesidad de responder al desarrollo progresivo de la protección de los DD.HH. dentro del país.


Carta a El Mercurio de Luis Larraín, Pablo Simonetti, Sebastián Gray y Emma de Ramón.