“Conservación del patrimonio natural de Chile: Desafíos 2016”

Debe hacerse partícipes a las comunidades aledañas a las áreas protegidas dentro del manejo de la conservación, especialmente pueblos indíge

30-12-2015

La reciente muerte de Douglas Tompkins nos ha hecho recordar el legado conservacionista que dejó en el extremo sur de Chile con su aporte a los parques, Pumalin y Yendegaia, valiosos regalos a las presentes y futuras generaciones de nuestro país. Con todo, la conservación del patrimonio natural de Chile es uno de los temas de menor visibilidad pública, pese a que cerca de 2 millones de chilenos visitan cada año los diversos parques, reservas y monumentos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNASPE). No obstante su dimensión, la cobertura actual del SNASPE no es suficiente para cubrir los déficits de conservación de biodiversidad del país: los ecosistemas de la zona central y costera entre Coquimbo y La Araucanía se encuentran escasamente protegidos. Adicionalmente, numerosas especies de fauna nativa no se encuentran suficientemente protegidas.

En una reciente investigación junto al profesor Eugenio Figueroa de la Universidad de Chile, encontramos que el SNASPE genera un flujo anual de beneficios ecosistémicos de cerca de US$2.000 millones, que supera por 10 veces a sus costos, de manejo óptimo y oportunidad en el uso del suelo de actividades agrícolas y forestales. A pesar de ello, nuestras áreas protegidas públicas y privadas tienen un presupuesto, que si bien ha crecido notablemente durante la última década, aún resulta insuficiente para cumplir con los estándares internacionales de conservación (y acercarnos a los valores OECD). Mayores necesidades de financiamiento de la conservación, en tiempos de poca holgura económica son difíciles de cubrir totalmente. Frente a este desafío, resulta necesario explorar nuevas alternativas.

Primero, es posible una mayor injerencia del sector privado en el desarrollo turístico en áreas protegidas. Es posible conciliar generación de ingresos con conservación si las actividades privadas de turismo pagan por el servicio ecosistémico del área protegida y es capaz de internalizar los efectos negativos del turismo. Mejoras en los contratos de concesión de turismo son necesarias.

Segundo, debe hacerse partícipes a las comunidades aledañas a las áreas protegidas dentro del manejo de la conservación, especialmente pueblos indígenas. Entregar participación en los beneficios de productos forestales sustentable o no madereros, por ejemplo, podría generar incentivos a cooperar en actividades de monitoreo y control de amenazas. En el caso de áreas marinas protegidas, el involucramiento de la comunidad local es vital para la atracción de recursos financieros y lograr una administración participativa y justa de las ganancias de la conservación.

Tercero, debiese estudiarse cómo optimizar el manejo del sistema integrado de áreas protegidas públicas y privadas que se regirán bajo la nueva institucionalidad de protección de la biodiversidad. Existen economías de escala en el manejo de áreas protegidas, por lo que la consolidación territorial o la administración conjunta de áreas protegidas de menor tamaño podrían reducir los costos.

Finalmente, si bien la mayor parte de las áreas protegidas del Estado se encuentran en terrenos que solo tienen aptitud de suelos para conservación, una fracción menor del terreno de áreas protegidas en la zona sur/austral se ubica en terrenos con aptitud agrícola y forestal. Si es posible evaluar científicamente que parte de esos terrenos no tienen presencia de especies de flora y fauna amenazadas, los recursos obtenidos de su enajenación podrían ser una fuente relevante de ingresos para financiar la brecha de conservación en áreas públicas y privadas en la zona central, logrando mejorar la representatividad de ecosistemas.


Disponible en Pulso.

* Fotografía Pulso.