“Control preventivo de identidad”

Más allá de que los datos que usa son sesgados, coincido en que la disminución de la delincuencia es un objetivo socialmente valioso. Sin em

08-03-2016

Señor Director:

En su columna del domingo, el senador Espina hace una defensa del control preventivo de identidad, realizando un breve diagnóstico sobre la delincuencia en el país. Más allá de que los datos que usa son sesgados, coincido en que la disminución de la delincuencia es un objetivo socialmente valioso. Sin embargo, lograr este objetivo requiere de herramientas idóneas, y el control preventivo de identidad no es una de ellas. Así lo demuestra la evidencia nacional y comparada disponible, punto sobre lo cual existe un consenso importante entre diversas instituciones y expertos en el país. Quienes promueven el control preventivo de identidad deben demostrar su idoneidad para el logro de los objetivos perseguidos; hasta el momento no han invocado ningún antecedente concreto en el debate parlamentario ni se han hecho cargo de la evidencia contraria a su eficacia, con un voluntarismo ajeno al buen diseño de políticas públicas.

A lo anterior se suman los potenciales riesgos asociados al control preventivo, al permitir privaciones de libertad de hasta cuatro horas de personas que no son objeto ni de sospecha ni de imputación alguna (algo que es bastante más que una simple “colaboración” de los ciudadanos que no “puede considerarse como una afectación a su libertad personal” como sostiene el senador). La carta del senador también cita como apoyo a su postura legislación de países que dispondrían de esta facultad, cuando en realidad lo que tienen dichos países son reglas muy similares a las actualmente vigentes en Chile (art. 85 CPP), y no a la propuesta que él defiende (cuestión que por lo demás ha sido establecida en el trámite parlamentario por un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso y que, es razonable suponer, conoce el senador).

Con todo, lo que más sorprende de los argumentos del senador Espina es que les atribuya a los beneficiarios y ejecutores de esta facultad (las policías) la palabra final en la materia. Nadie duda de que las policías tienen conocimiento técnico y experiencia en la materia, pero también interés en aumentar sus poderes legales y disminuir los controles a su ejercicio. Dudo que en cualquier otra política pública el senador esté dispuesto a entregar facultades legales o recursos a instituciones públicas solo sobre la base de la petición del principal beneficiario, sin evidencia sólida que la respalde, tal como ocurre en este caso.


Disponible El Mercurio.

* Fotografía Emol.