“Corrupción en Chile”

Si las reformas sobre dinero y política no se aprueban antes de que el Congreso parta de vacaciones a fines de enero, el Servel no tendrá ti

21-12-2015

Una vez más la realidad supera a la ficción. Un guión para una película sobre los casos de corrupción del 2015 tendría dificultades inventando un intercambio mas ilustrativo de cómo la política fue capturada por intereses creados que los correos de la diputada Isasi al gerente de Corpesca que conocimos recientemente: “¿Te sirve una boleta de honorarios? ¿O prefieres una por facturas de servicios?” le pregunta la diputada al gerente en un correo de fines del 2011, cuando comenzaba a tramitarse la Ley de Pesca, agregando a continuación: “En la comisión estaré una vez más dando la gran pelea por la pesca. Dios mediante nos guiará, estoy segura. El jamás nos abandona”. Meses después, en otro correo al mismo destinatario, la diputada da fe del trabajo realizado: “Estoy muy contenta con el gol de `no’ a la licitación. ¡Al final surtió efecto mi trabajo!” Acto seguido hace referencia a los 40 millones de pesos que la pesquera puso a su disposición señalando: “Necesito 8, quedando en 32 la diferencia”.

Cuestión de definiciones

A fines del siglo pasado la corrupción solía definirse como “el abuso de un cargo publico para beneficio privado”. Con el paso del tiempo las limitaciones de dicho concepto fueron quedando en evidencia, motivando definiciones menos restrictivas.

En un artículo reciente, un experto mundial en el tema afirma que la corrupción suele ser “síntoma de un fracaso institucional, que a menudo involucra a una red de políticos, organizaciones, empresas y particulares que se coluden para beneficiarse del acceso al poder, a los recursos públicos y la formulación de políticas, en detrimento del bien común”. En esta definición más inclusiva, la corrupción incluye la influencia indebida sobre leyes, regulaciones y políticas por parte de intereses empresariales poderosos, enfatizando su efecto pernicioso sobre la Democracia y Gobernabilidad representativa, pudiendo resumirse como la “privatización de la política pública”.*

Recientemente, algunos líderes de opinión argumentaron que los casos de financiamiento ilegal de la política que conocimos durante este año y el anterior no constituyen corrupción porque no hubo beneficio personal de por medio, ya que las platas que recibieron los candidatos al margen de la ley fueron destinadas a financiar campañas electorales, no al bolsillo del candidato.

No comparto esta línea argumental, por varios motivos. Primero, porque la definición de corrupción que considera es muy restrictiva. Con la definición que enfatiza la captura de la política por parte de intereses privados no cabe duda de que hubo corrupción, tal como lo ilustran los correos que dan inicio a esta columna. Segundo, porque cuando hay financiamiento ilegal de campañas es prácticamente imposible seguir el rastro de cómo se gastan las platas en cuestión, por lo cual podría haber corrupción aun con la definición mas restrictiva. En línea con lo anterior, el ex presidente español Felipe González afirmó durante una conferencia en Santiago hace poco más de una década que una buena regla era suponer que las donaciones ilegales a la política se dividían en dos mitades, una para la campaña, otra para el patrimonio del candidato y quienes lo rodean.

Quienes basen su defensa en que no hubo beneficio monetario personal debieran entregar los antecedentes de sus cuentas bancarias a la fiscalía. El hecho de que varios políticos hayan negado dicho acceso durante esta semana da credibilidad a la conjetura del ex presidente ibérico.

Fatalismo cultural y otras imposibilidades

“El mundo fue y será una porquería” sería un buen himno de quienes dudan de la efectividad de toda agenda anticorrupción. No sirven de nada, argumentan, porque somos corruptos por naturaleza. El dinero, agregan, siempre encontrará la manera de capturar la política.

Una variante de este argumento afirma que la corrupción es inherente al sistema capitalista, sugiriendo que hay menos corrupción en sistemas socioeconómicos alternativos. En línea con lo anterior, frecuentemente se afirma que el Chile de mediados del siglo pasado era menos corrupto que el actual.

Aunque no hay datos duros para zanjar este último punto, la inmensa mayoría de los escándalos que conocimos probablemente reflejan situaciones de larga data.  La diferencia está en que, debido a las redes sociales (que facilitan la participación y coordinación ciudadana), una ciudadanía más educada y exigente, y un sistema judicial más independiente y sofisticado, ahora estos casos se conocen y se investigan. Si a lo anterior agregamos que el cohecho era habitual a mediados del siglo pasado y que ni siquiera existía conciencia de cómo ciertos conflictos de interés son terreno fértil para la corrupción, lo mas probable es que haya una tendencia a idealizar la probidad que existía en el Chile del pasado.

Respecto de la relación entre sistemas socioeconómicos y corrupción, un dato que debiera llevar a reflexionar a quienes creen que sistemas alternativos llevan a menos corrupción es que el país donde, según los indicadores internacionalmente aceptados, más ha aumentado la corrupción en años reciente es Venezuela. A pesar de que el punto de partida, a fines de los 90 no era particularmente auspicioso, el modelo bolivariano ha llevado a un aumento importante de la corrupción en ese país.

Para responder al fatalismo que ilustra el célebre tango, vale la pena describir el siguiente experimento. Es de noche, usted regresa a recoger su automóvil en el estacionamiento donde lo dejó para ir al cine cuando ve un sobre en el suelo y lo recoge. El sobre contiene un millón de pesos en billete de 20 mil. Si no existe ninguna posibilidad de que lo vean, no hay cámaras ni monitoreo de ninguna especie, ¿qué hace usted con el sobre con dinero? ¿Y qué hace si hay una probabilidad de un 30 por ciento de que una cámara escondida esté grabando lo que haga, grabación que podría ser revisada por alguien?

Las respuestas a las preguntas anteriores permiten dividir a las personas en tres grupos de tamaño similar. Un primer grupo devuelve la billetera a todo evento, aun si no hay ninguna posibilidad de que los estén observando. Un segundo grupo se queda con la billetera si no los están observando y la devuelve en caso contrario. Finalmente, un tercer grupo se queda con la billetera aun si existe la posibilidad de ser descubiertos.

Los tres grupos anteriores sirven para ilustrar la efectividad de diversas aproximaciones para enfrentar la corrupción. El primer grupo lo constituyen quienes tienen un comportamiento ético que quisiéramos todos tuvieran: hacen lo correcto aun si nadie los observa. Ese debiera ser el objetivo de largo plazo, la formación cívica y ética apuntan en esta dirección y son parte de la agenda del gobierno en este tema. El segundo grupo es sensible a políticas basadas en incentivos que hacen poco atractivo comportamientos corruptos. Estas políticas vienen dadas por buenas legislaciones que sean fiscalizadas y que contemplen sanciones efectivas en caso de transgresión. Las leyes que buscan una relación sana y transparente entre dinero y política, que se discuten actualmente en el Congreso, son un ejemplo.

El tercer grupo de aquellos que delinquen aun si los pueden pillar motiva dos reflexiones. Tal vez algunos cambien su comportamiento si las probabilidad de ser descubierto es mas alta, la eficacia de las legislaciones es relevante para este grupo. Sin embargo, este grupo también incluye individuos que creen estar por sobre el bien y el mal, que no le rinden cuentas a nadie. Conocimos a varios en esta última categoría durante el año que termina.

De la denuncia a la reconstrucción

El 2015 fue el año de las denuncias de corrupción, de tráfico de influencias, de conflictos de interés. Muchas de las conductas que se revelaron no llevarán a una sanción legal que nos parezca justa, porque nuestras leyes eran débiles por diseño, porque los entes fiscalizadores no tenían dientes, porque las sanciones eran bajas. Podemos optar por no volver a votar por quienes se comportaron de manera deshonesta o poco ética, pero será inevitable un cierto grado de frustración, sobre todo con quienes no enfrentarán la reelección hasta el 2021.

Durante el año que termina también emergieron elementos esperanzadores. No perdimos la capacidad de asombrarnos a pesar de tanto escándalo, exigimos cambios, reaccionamos. El Congreso tramita una ambiciosa agenda de reformas. Está en nuestras manos que situaciones como las que conocimos lleven a condenas ejemplares si vuelven a suceder en el futuro, poniendo presión cuando surgen obstáculos durante el trámite legislativo, validando los líderes políticos que están llevando adelante esta agenda.

La primera gran prueba la enfrentaremos en octubre de 2016 con la elección municipal. Si las reformas sobre dinero y política no se aprueban antes de que el Congreso parta de vacaciones a fines de enero, el Servel no tendrá tiempo para poner en marcha los cambios necesarios para las elecciones municipales y la ciudadanía, con justa razón, culpará al “mundo político” por no haber hecho la pega. De nada servirá que el Ejecutivo culpe al Congreso y viceversa, la paciencia ciudadana se podría agotar de manera definitiva. 

Según la encuesta CEP que conocimos esta semana, desde 2010 a la fecha quienes consideran que la Democracia y Gobernabilidad en Chile funciona bien o muy bien pasaron del 26 al 10 por ciento. Quienes consideran que funciona mal o muy mal subieron de 13 a 32 por ciento. Estas son cifras que debieran preocuparnos. Durante los meses que vienen sabremos si fuimos capaces de tomar las medidas para comenzar a revertir esta tendencia.

*Daniel Kaufmann. “Corruption matters”. Finance and Development. Septiembre, 2015.


Disponible en La Tercera.

* Fotografía La Tercera.