Cuidado con el Príncipe

Varios de los problemas de nuestro modelo institucional son efecto del verticalismo autoritario del sistema presidencial.

17-08-2015

El debate constitucional generado entre reformistas (que promueven ajustes a la Constitución) e innovadores (que esperan una nueva Constitución, dentro de los que están asambleístas e institucionalistas) ha abierto dos tipos de discusiones: la primera tiene que ver con el valor de la Constitución como un texto de representación colectiva; la otra, con las reglas del juego que un sistema democrático debe disponer para garantizar la calidad de la política.

Existe un consenso entre reformistas e innovadores. Este ha descansado en la necesidad de eliminar algunas reglas autoritarias: suprimir las leyes de quórum supramayoritario; sustituir el sistema electoral binominal por otro competitivo, ya aprobado por el Congreso, y eliminar las atribuciones de control preventivo de la ley que rige al Tribunal Constitucional. Para algunos, lograr esos tres acuerdos implicaría un cambio sustancial en nuestro sistema.

Sin embargo, varios de los problemas de nuestro modelo institucional no sólo se encuentran en las reglas de representación y exacerbación de las minorías; son efecto del verticalismo autoritario del sistema presidencial. En un modelo así existen pocos incentivos para solicitar al Congreso la discusión de políticas públicas y, por lo tanto, el Presidente puede decidir sobre éstas, con poca deliberación pública y en las oficinas de “Palacio”.

Dos son las razones que un Presidente tiene para eso: primero, las minorías tienen posibilidades de veto (quórum, sistema electoral y Tribunal Constitucional); segundo, un sistema presidencial como el nuestro (autoritario, con amplios poderes de nombramiento y en un Estado unitario) genera pocas lealtades de los parlamentarios con el Gobierno, por su limitada incidencia en las políticas del Ejecutivo, lo que lleva a “municipalizar” la política en el Congreso y, en consecuencia, obliga al Gobierno a negociar reglas del juego generales por beneficios locales. Esto se profundiza todos los años en el debate de la Ley de Presupuestos.

El sistema parlamentario es mal visto en nuestra tradición institucional, acusado habitualmente —por un trauma inexplicable en mi opinión— de inestabilidad. Pero mantener un sistema presidencial como el nuestro en el largo plazo afecta la democracia, precisamente porque las lealtades pasan a estar en el “Príncipe” y no en los representantes, de manera que las reglas del juego se definen en “Palacio” y no en la deliberación pública.

La Constitución de 1980 consagró una monarquía electiva, pero pareciera sensato dejar de lado la “soberanía del Príncipe” para lograr la adultez democrática del Congreso.


Disponible en La Segunda