“Desatendidos”

El Poder Judicial no es una burocracia más; es a quien confiamos la resolución de las controversias para suprimir la fuerza, un asunto nada de trivial como para dejarlo al abandono de la contingencia política.

07-11-2016

La Corte Suprema hizo pública una carta que dirigió a la Presidenta de la República en la que manifiesta su preocupación por el congelamiento de las remuneraciones del Poder Judicial, pero que se transformó en un largo repaso a las iniciativas pendientes en el sector justicia en los últimos años. ¿Por qué la Corte decide hacer pública esto, cuando sus objeciones las plantea habitualmente en marzo, en la inauguración del año judicial?

La respuesta está, quizás, en la expresión que utiliza la Corte: la “desatención” que un Poder del Estado realiza a otro, lo que es una implícita objeción a un maltrato institucional. Tanto la administración de Sebastián Piñera como la segunda de Michelle Bachelet se han caracterizado por la inestabilidad en el Ministerio de Justicia. Mientras el primero tuvo tres ministros, la segunda va en ese mismo número. La consecuencia de esto -y a eso quizá responde la carta- es que durante estos años se han postergado iniciativas que favorecían al proceso de modernización judicial iniciado el año 2000. Este proceso se ha visto afectado por la continua rotación de los responsables en la discusión de la política pública judicial. Creer que la carta enviada por el pleno se encuentra asociada sólo a remuneraciones, y deducir a partir de eso una protección gremial, constituiría un grave error.

Desde el retorno a la democracia se buscó reformar el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema. Su pasado -vergonzoso en derechos humanos y de complicidad con el sistema legal que implementó la dictadura para legitimarse- requería que este Poder del Estado fuera genuinamente independiente y profesional. Aquello no sólo llevó a las reconocidas reformas procesales, sino que además transformó la composición de la propia corte.

Hoy gozamos de un Poder Judicial independiente y probo, con una dotación de jueces mejor que la del pasado y con un sistema de remuneraciones que, con defectos, ha garantizado la independencia judicial -aquella que evita la venganza de los litigantes- de un modo eficaz.
En la actualidad, la complejidad de los problemas públicos ha aumentado y la juridificación de todos los ámbitos de la vida se ha expandido, lo que lleva a que los jueces decidan cuestiones de nuestra cotidianeidad, y de las políticas públicas, que hasta hace una década eran impensables.

La carta del pleno es un indicador del deterioro institucional que puede generar la “desatención” de asuntos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático, algo que a este Gobierno le ha ocurrido con demasiada recurrencia.

El Poder Judicial no es una burocracia más; es a quien confiamos la resolución de las controversias para suprimir la fuerza, un asunto nada de trivial como para dejarlo al abandono de la contingencia política.

Disponible en La Segunda