“Detrás de la Justicia”

04-04-2016

Durante las últimas semanas hemos tenido varias primicias en los casos de corrupción por financiamiento ilegal de la política, fraude tributario y delitos de cohecho.

 

Durante las últimas semanas hemos tenido varias primicias en los casos de corrupción por financiamiento ilegal de la política, fraude tributario y delitos de cohecho. Así por ejemplo, el Fiscal Nacional, y no con la elegancia que se espera de su cargo, notificó al país de su deseo de ir acotando los procesos para evitar prolongar esta agonía y, de esa forma, no poner en peligro a instituciones fundamentales de la República. A continuación, tomamos conocimiento de una iniciativa legal aprobada en el Senado que endurece las penas para aquellos funcionarios públicos, especialmente los fiscales, que faciliten filtraciones de los procesos que se encuentran en la etapa de investigación.

De igual modo, supimos de la futura solicitud de formalización a la cual serán sometidos Pablo Longueira y Laurence Golborne, esfuerzo que fracasó en el caso de Carlos Ominami, ya que habían prescrito los eventuales delitos que se le imputaban. Quizás por lo anterior, algunos fiscales se aburrieron de esperar al SII, tomando la decisión de avanzar en los procesos judiciales sin aguardar la querella del máximo contralor tributario. Las últimas novedades, al menos momentos antes de despachar esta columna, se cerraban con la solicitud de colaboración que hace un Fiscal a las autoridades norteamericanas, para indagar, entre otras cosas, sobre posibles aportes ilegales a las campañas de Eduardo Frei, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.

Bajo la mirada de un observador externo, podría tratarse de un escenario dinámico, donde las instituciones discurren por su normal derrotero, en cuanto a investigar y posteriormente sancionar los graves casos de corrupción que han protagonizado algunos dirigentes de la clase política y empresarial. Sin embargo, una segunda lectura muestra una evidente tensión entre los fiscales que tienen a su cargo la indagación de estos delitos, con las directrices y doctrina que formalmente ha dado su superior jerárquico; lo que se hace extensivo al reproche que los mismos hacen al actuar del SII y el reciente explícito rechazo al proyecto de ley que coarta el derecho a informar y ser informados. De hecho, una tercera perspectiva más fina no puede soslayar que se ha instalado en la opinión pública la impresión de que sólo gracias a los medios de comunicación y la labor de la Fiscalía hoy tenemos acceso a una realidad que desnuda la peor enfermedad de nuestro sistema democrático.

Un cuarto ángulo de este escenario ha evidenciado también los esfuerzos de una parte de la clase dirigente por acotar, cuando no silenciar, el impulso y las consecuencias de este proceso, echando mano a herramientas legales, administrativas y algunas inconfesablemente no tan formales. La quinta mirada, una constatación mejor dicho, es el asimétrico resultado de esta resistencia, lo que ha devenido en una muy dispar composición ideológica de quienes han sido sometidos al rigor de la justicia, lo que -cualquiera sea la razón esgrimida para esta tan notoria desviación estadística- sólo lesiona la credibilidad de lo que parece ser la última esperanza de redención colectiva.

Disponible en La Tercera.

* Fotografía La Tercera.