Directores independientes en empresas públicas ¿Independientes de quién?

¿Independientes de quién o de qué? Hay distintas acepciones para enfrentar independencia de un director en una empresa estatal.

14-10-2015

La noticia apareció hace algunos días. El Ministerio de Hacienda anunció una indicación a un proyecto de ley para incluir la exigencia de contar con directores independientes en las empresas públicas. De acuerdo con el comunicado, se busca “representar de mejor manera los derechos y deberes del Estado en su rol de propietario e incorporar en los directorios de las empresas públicas a directores independientes”. Aunque escueto y sin entrar en mayores detalles, un potente mensaje que fue bien recibido en el mercado.

Históricamente, la lógica que estuvo detrás de la propiedad estatal de empresas ha estado compuesta por una mezcla de objetivos de política industrial, de gestión de monopolios naturales, de desarrollo regional o de suministrar bienes públicos donde los privados no tenían los incentivos para hacerlo. Pero aunque algunas de esas lógicas se mantienen vigentes, sigue también presente la necesidad de modernizar el gobierno corporativo de la mayoría de las empresas públicas. Una tarea todavía pendiente en Chile, aunque no exclusiva de estas latitudes. En varios países de la OCDE se repiten dos importantes paradigmas en la propiedad de las compañías estatales. ¿Cuáles? Veámoslos en detalle.

El primer paradigma es cómo garantizar iguales condiciones de mercado en términos que las empresas privadas pueden competir con las empresas públicas sin que existan subsidios indebidos o regulaciones gravosas que solo buscan dificultar la competitividad de los privados. Una situación que se da, por ejemplo, en Argentina, pero que en Chile, reconozcámoslo, se encuentra por ahora acotada. ¿Unos santos los administradores de empresas públicos chilenos? Simples incentivos. Ocurre que las empresas públicas que participan de mercados competitivos se encuentran también sujetas a la institucionalidad de defensa de la libre competencia, una que ha demostrado a través del TDLC y de la FNE independencia suficiente para estar muy atenta a cualquier infracción de empresa privada o pública.

Un segundo paradigma de las empresas públicas que sí tiene implicancias para Chile es el adecuado equilibrio entre la responsabilidad del Estado de ejercer activamente sus funciones de propiedad -incluyendo la nominación y la elección del directorio- y al mismo tiempo abstenerse de realizar interferencias políticas indebidas en la gestión de las empresas públicas. Un problema que no solo se puede producir por un intervencionismo influido en motivaciones políticas, sino también por una gestión de la propiedad totalmente pasiva o distante por parte del Estado.

Recordemos que el Estado de Chile es propietario no solo de las empresas públicas más conocidas, como Codelco, Metro, BancoEstado, ENAP y Televisión Nacional, sino que también de otra veintena de empresas agrupadas bajo el Sistema de Empresas Públicas (SEP). Adicionalmente, el SEP representa los derechos de Corfo como accionista minoritario en empresas como Aguas Andinas, Essbio, Esval y Essal. No hay duda entonces que se trata de un conjunto de empresas de amplia transversalidad sectorial y de gran impacto público, por el tipo de servicios que prestan.

Volvamos ahora al anuncio del Ministerio de Hacienda. No deja de ser paradigmático que se busque nombrar “directores independientes” en las empresas públicas. Porque el lenguaje a veces nos juega malas pasadas y, frente a un mismo concepto, podemos estar entendiendo distintas cuestiones. ¿La independencia se referirá al mecanismo de selección, exigiendo que estos sean nombrados por instancias públicas diferentes al Poder Ejecutivo?, ¿la independencia se estará considerando como un juicio subjetivo, en términos que se seleccione a personas con perfil ideológico diferente del gobierno de turno?, ¿o será que la independencia se medirá por el tipo de mandato que se entregará a esos directores, en términos que deberán velar por el “interés social de la empresa” y no por el interés del accionista?

Como se ve, distintas acepciones de enfrentar la independencia de un director. El contenido del proyecto es por ahora una incógnita y resulta difícil conjeturar, pero en cualquier caso debería contener al menos un mecanismo de nominación mixta de esos directores, donde participe activamente el sistema de Alta Dirección Pública, seleccionando a candidatos con idoneidad profesional, experiencia en dirección de empresas y entendimiento de las realidades de entorno en las cuales se desenvuelven las empresas públicas. La experiencia de Codelco, única empresa pública chilena que ha adoptado el mecanismo de selección mixta de directores, ha demostrado que funciona y que resulta conveniente para los intereses de la empresa.

¿Conclusión inicial?

Buena decisión del ministro Valdés. El solo hecho de contar con directores de perfil independiente ayudará a fortalecer la calidad y accountability de los directorios de empresas públicas. Sería un gran paso hacerlo extensivo a todas ellas antes del próximo cambio de Gobierno.


Disponible en Pulso.

*Fotografía La Tercera.