“El financiamiento de las campañas”

26-11-2013

En Chile conviven dos sistemas de manera absolutamente cínica. Por un lado tenemos el sistema formal, donde los candidatos rinden sus gastos e ingresos al Servel. Y por el otro, un sistema informal, donde se triangulan dineros, boletas y facturas para poder aumentar los ingresos y gastos, y en muchos casos sobrepasar el tope al gasto electoral.

 

Cuando los países llegan a momentos del desarrollo como el que hoy vive Chile, se desatan discusiones sobre reformas políticas que hasta hace un tiempo atrás se veían lejanas. Una de ellas tiene que ver con el resguardo institucional y legal que los países ejecutan para que las políticas públicas que se generan no reciban presiones indebidas por parte de grupos particulares que buscan obtener ventajas.

Diversas son las formas de influencia de estos grupos, y el resguardo legal para que esto no ocurra generalmente tiene que ver con regulaciones que impidan los conflictos de intereses, fortalezcan la probidad de los funcionarios, regulen el lobby y lleven transparencia al financiamiento de las campañas electorales y al sistema político en general.

Ultimamente ha revivido con fuerza la exigencia de mayor transparencia sobre el origen del dinero que financia la política en Chile, y cuáles son las razones para que una empresa done millones de dólares a una campaña determinada de manera reservada.

Recientemente, el centro de investigación periodística Ciper dio a conocer actas de directorio de empresas como Corpesca, Latam Airlines, Falabella, Santander o Colbún entre otras, donde sus directorios acuerdan millonarias donaciones a campañas políticas, algunas veces superando los montos legales que permite la ley.

La inspiración principal en la mayoría de las legislaciones más avanzadas para la restricción de las fuentes de aporte privado a candidaturas es impedir que ciertas personas jurídicas o naturales donen con la expectativa de poder obtener posteriormente algún tipo de ventaja política o económica de su donación.

El caso de Chile es particular, pues, si bien podemos discutir la letra y el espíritu de la ley que nos rige, tenemos una ley que nunca ha podido ser implementada a cabalidad, por cuanto aunque habla de límites al gasto electoral, la ley no entregó en su momento al Servel las capacidades fiscalizadoras y sancionatorias suficientemente disuasivas para que la ley funcionara según el espíritu con que fue concebida.

Es así como hoy en Chile conviven dos sistemas de manera absolutamente cínica. Por un lado tenemos el sistema formal, regido por la ley, donde los candidatos rinden sus gastos e ingresos al Servel, el cual simplemente cuadra y hace de caja pagadora de fondos públicos. Y por el otro, un sistema informal, donde se triangulan dineros, boletas y facturas para poder aumentar los ingresos y gastos, y en muchos casos sobrepasar con amplitud el tope al gasto electoral que la ley impone.

En definitiva, tenemos una ley que de alguna manera hace legal que ciertos grupos de personas o empresas intenten influir en la actividad política a través de aportes reservados, y por el otro una ley que no fiscaliza los topes al gasto, permitiendo la generación de un sistema ilegal que permite a algunas candidaturas tapizar Santiago con propaganda, sobrepasar el tope al gasto y a los ingresos, y no recibir sanción alguna por ello.

Lo anterior no es gratuito; está erosionando la confianza ciudadana en las instituciones, impide una justa competencia entre candidatos y permite, principalmente a ciertos grupos económicos, obtener ventajas en algunas legislaciones específicas a favor de sus controladores y accionistas, pero en desmedro de millones de chilenos.

Columna de Juan José Soto, miembro de la Red de Espacio Público, publicada en La Segunda.