“El Gobierno de los jueces”

Sobre lo que estamos discutiendo en estos casos es sobre la tutela de derechos y los límites institucionales para la intervención judicial.

09-01-2017

La semana pasada, durante los alegatos de la contienda de competencia planteada a consecuencia del sistema de pensiones de los funcionarios de la DGAC, el contralor interpeló al Tribunal Constitucional (TC) a evitar un “gobierno de los jueces”. Al recurrir a esa expresión, evocó un argumento político utilizado en los últimos años -particularmente por la derecha jurídica- en lo que se ha denominado “activismo judicial”, empleado para criticar el rol de los jueces en la determinación de derechos en diversos ámbitos de la política pública. Con sus palabras, por lo tanto, el contralor inevitablemente recordó los reproches formulados en el pasado a la Corte Suprema.

Esto explica que ésta reaccionara el viernes recién pasado. El ministro Milton Juica calificó esos términos como “preocupantes y agraviantes”. Él mismo, el año 2013, sostuvo que la crítica del denominado “activismo judicial” es un eslogan que puede terminar por afectar la independencia judicial.

La discusión, además, es importante por el modo en que rápidamente el TC acogió la contienda. Éste pudo decidir, quizás, considerando el fondo del asunto, porque todas las preguntas formuladas por los jueces constitucionales el día de la audiencia se refirió a los recursos públicos y el número de funcionarios involucrados. Ninguna apuntó a los límites de las competencias entre la Contraloría y los jueces, que era lo que precisamente se debatía. Aunque aún no conocemos los fundamentos, si el TC consideró esos elementos, su decisión será lo mismo que rechazar la demanda, sustituyendo por esa vía al Poder Judicial en una especie de “activismo” reactivo -el que trata de imponer su voluntad a los jueces, en palabras de Juica-, que puede terminar por tensionar adicionalmente la contienda que por el mismo tema deberá ahora resolver el Senado.

Al mismo tiempo que este debate se producía, la Pontificia Universidad Católica (PUC) demandaba al Estado por no incorporar en la Ley de Presupuestos de 2017 la glosa que establece el Aporte Fiscal Indirecto. Es una solicitud dirigida a la “República de los jueces” para que decidan las obligaciones propias del debate legislativo, en una acción equivalente y bastante más amplia que la presentada por los funcionarios de la DGAC. La ironía de esto es que han sido principalmente académicos de esa casa de estudios quienes en los últimos años han criticado el “gobierno de los jueces”, al que ahora la PUC pide intervenir a su favor.

Más allá de la retórica, no deberíamos olvidar que sobre lo que estamos efectivamente discutiendo en estos casos es sobre la tutela de derechos y los límites institucionales para la intervención judicial, lo cual es especialmente importante cuando la política fracasa o sus fronteras son desbordadas.

Disponible en La Segunda