“Estado eficaz – Estado simple”

Lo relevante es cómo un sistema democrático puede lograr sus objetivos públicos en un tiempo oportuno y con la menor complejidad.

22-09-2014

Durante las últimas décadas Chile, al igual que en la experiencia comparada, ha enfrentado la solución a sus problemas públicos con leyes que crean agencias administrativas y procedimientos para adoptar decisiones, con la pretensión de lograr efectos casi inmediatos. Esta política, implementada por gobiernos de centro izquierda como de derecha, se traduce en que las soluciones a los problemas públicos son reacciones institucionales. Aunque en principio pareciera no ser una mala decisión, lo cierto es que cuando no se consideran algunos factores, se generan otros problemas que terminan por conspirar contra su éxito.

La razón es sencilla. Entre más agencias administrativas se creen -indiferente del número de funcionarios que las integren- se produce una atomización no sólo de servicios públicos, sino también de reglas del juego. Para un mismo problema hay más organismos estatales que desean intervenir, los sujetos regulados tienen incentivos para ocupar esas brechas para incumplir con facilidad sus obligaciones públicas y los funcionarios que adoptan las decisiones asumen posiciones competitivas con sus colegas públicos que llevan sus potestades discrecionales a límites cuestionables. La ironía de esto es que en la medida que queremos abordar problemas públicos complejos, terminamos por complejizarlos más, precisamente bajo la creencia de que más competencias, permitirá mejores soluciones públicas. El problema es que generan todo lo contrario, lesionando de algún modo la confianza de los ciudadanos en las soluciones. Por tal motivo se busca con insistencia la coordinación, en base a un principio de unidad de la acción estatal. Sin embargo, criterios de coordinación para múltiples agencias generan efectos que comprometen una sensata política pública. Esto, porque es costosa, incentiva desacuerdos entre organismos administrativos, afecta los resultados públicos y, en la mayoría de los casos, implica confusión para terceros. Esto es relevante en nuestro país en educación, medio ambiente, aguas, mercados financieros y últimamente la inteligencia estatal. Aunque para muchos Estados simples es sinónimo de reducción de organizaciones y puestos públicos, lo cierto es que la decisión es más bien pragmática: lo relevante es cómo un sistema democrático puede lograr sus objetivos públicos en un tiempo oportuno y con la menor complejidad para los ciudadanos. En tiempos de reformas, preguntarse cómo lograr esa simplicidad, es garantizar la eficacia futura de las mismas. Eso se logra estructurando las organizaciones estatales de acuerdo a los fines públicos globales perseguidos y simplificando sus procedimientos de decisión.

Disponible en La Segunda