“Evaluando seriamente el control de identidad preventivo”

Se nota premura y mucha liviandad al decretar su éxito y promover su ampliación. Ojalá no sigamos legislando en la oscuridad en esta materia.

30-06-2017

En los últimos días se han dado a conocer datos sobre el uso de la nueva facultad de control de identidad preventivo entre los meses de julio de 2016 y marzo de 2017. A partir de ellos un conjunto de parlamentarios que la promovieron han decretado tempranamente su éxito e incluso han propuesto ampliarla. Un análisis con un poco de rigor sobre los datos arroja, en cambio, serias dudas sobre ambas cosas.

Recordemos que nuestro sistema legal ya contaba con una facultad de control de identidad antes de esta reforma, la que permitía a las policías realizar en promedio más de dos millones de controles al año. En ese contexto, un primer punto es que al alero de esta facultad se habría controlado a un número muy inferior al promedio previo. Esto pone en cuestión la necesidad de la misma y muestra que el argumento de que las policías tenían las manos atadas antes de su existencia era erróneo.

Los datos también indican que cada 18 controles preventivos realizados por Carabineros se identifica a una persona con una orden de detención pendiente. Se argumenta que sería un aporte central de esta nueva facultad. Con todo, información disponible del año 2016 muestra que el control de identidad antiguo permitía identificar a una persona con orden de detención pendiente cada 6,2 controles, es decir, era cerca de tres veces más eficaz que la facultad actual. Por si fuera poco, el análisis trimestral de los datos genera aún más dudas sobre su eficacia. Entre julio y septiembre de 2016 la tasa fue de una orden por cada 50,3 controles preventivos, y entre enero y marzo de 2017, de una por cada 34,3. Sin una explicación clara, en el trimestre octubre-diciembre de 2016 la tasa baja a una por cada 8,7 controles y eso influye en el promedio de todo el período.

Se trata de realidades trimestrales dramáticamente diferentes y que son bastante inexplicables, todo lo cual genera serias dudas sobre la confiabilidad de los datos que han sido dados a conocer.

También se ha señalado como un indicador de éxito el que a marzo de 2017 hubiera solo doce reclamos de ciudadanos por su uso abusivo. Con ello se ha querido señalar que los temores sobre la materia eran infundados. Lamentablemente, se trata de un dato de significados muy ambiguos. La evidencia disponible en forma previa advertía del riesgo que el sistema de reclamos no funcionara debido a las barreras prácticas que existen para denunciar comportamiento abusivo ante la propia autoridad responsable del mismo. Evidencia de la práctica actual sugiere que esas barreras persisten, por lo que el bajo número de reclamos -lejos de ser un indicador de éxito- podría mostrar un serio problema de eficacia del sistema de control diseñado en la ley. Lo cierto es que se requiere más información sobre este punto para llegar a una conclusión sólida.

Un problema para avanzar en una evaluación de mayor calidad es que los datos disponibles son extremadamente precarios, muchos menos que los que se prometieron al momento de legislar. En efecto, se trata de datos muy generales. Falta información desagregada por semanas y meses, por comunas y regiones, por facultad legal utilizada, con información sobre género, edad y lugar de residencia de los controlados, horarios en los que se practican los controles, entre muchas otras básicas para construir una imagen más clara de la realidad.

Nos acercamos al año de vigencia del control de identidad preventivo y todo pareciera indicar que no hay real voluntad de producir estos datos y, por lo mismo, permitir evaluar en serio su funcionamiento. Por el contrario, se nota premura y mucha liviandad al decretar su éxito y promover su ampliación. Ojalá no sigamos legislando en la oscuridad en esta materia.

Disponible en El Mercurio