“Evasión en Transantiago: de mal en peor”

Si la evasión no se controla, Transantiago seguirá consumiendo enormes recursos públicos como un saco roto.

11-08-2016

Según el Ministerio de Transporte, un tercio de los usuarios del Transantiago no paga su pasaje, la cifra más alta desde que comenzó el sistema y que genera pérdidas mensuales por $ 17.000 millones.

Cuesta entender porque las autoridades no han podido corregir este problema. En 2012, el gobierno del expresidente Piñera cambió los contratos con los operadores de buses, para que sus ingresos dependieran de los pasajeros transportados y no de los kilómetros recorridos, asumiendo que así tendrían incentivos para controlar la evasión.

Sin embargo, nada de ello ocurrió. Por el contrario, las pérdidas por evasión fueron cubiertas por el Estado aumentando el subsidio en cuatro ocasiones en sólo seis años, lo que ha desnaturalizado su función, transformándolo en suerte de cuenta para tapar falencias del Transantiago, pero no para mejorar su beneficio social.

Además se entrega una pésima señal a los operadores de buses, ya que el subsidio se transforma en una fuente de recursos para cubrir ineficiencias o evitar una quiebra que tendría serias implicancias para la ciudad, como ocurre con tres empresas que se encuentran en esta situación y concentran el 51% de la flota de buses.

Peor es validar la evasión eliminando el cobro en los buses y financiando el Transantiago con un descuento por planilla a los trabajadores. Esta idea incorrectamente vendida como “gratuidad”, no ha sido aplicada en ninguna ciudad importante del mundo debido a sus falencias legales, institucionales, de gestión de demanda, incentivos o de uso eficiente del Metro.

Es hora de tomar en serio la evasión, mediante una reforma global que ataque problema desde tres frentes. Lo primero es mejorar la calidad de servicio, ya que será difícil exigir que todos paguen si no se observan mejoramientos concretos en temas sensibles para la ciudadanía, como la regularidad en que pasan los buses.

En segundo lugar es necesario penalizar la evasión con decisión. Ello implica aumentar la fiscalización en los buses y definir mecanismos para evitar que un 65% de los infractores no paguen sus multas, lo que podría lograrse descontando esos montos de las prestaciones que los evasores reciben del Estado en educación, vivienda o empleo o reteniendo su devolución de impuestos.

Por último es necesario apoyar a las personas que por su condición socioeconómica no pueden pagar y que corresponden a un 35% de los evasores. En este caso lo más eficiente es entregar un subsidio focalizado mediante una tarjeta BIP personalizada.

Si la evasión no se controla, Transantiago seguirá consumiendo enormes recursos públicos como un saco roto, sin que ello se traduzca en beneficios para las personas, dejando al Estado en una situación muy desfavorable para negociar con empresas de buses que son demasiado grandes para caer.

Además Transantiago seguirá monopolizando la atención ministerial y los recursos, perjudicando a las regiones y retrasando la implementación tecnologías más sustentables, como los metros y los trenes. En Espacio Público estamos trabajando en una propuesta que aborde estos y otros problemas y que presentaremos en las próximas semanas.


Disponible en Voces de La Tercera.