“Gratuidad en educación superior”

20-01-2015

Columna de Claudia Sanhueza, miembro de la red de Espacio Público.

 

Siguiendo a Lahera (2004), las políticas públicas (policies) sin ideas políticas (politics) debilitan la gobernabilidad social y la democracia. Sin embargo, las ideas políticas que no se convierten en políticas públicas se transforman en demagogia.

Desde la vuelta a la democracia hemos tenido demasiada política pública sin debate político y eso ciertamente ha debilitado nuestra democracia, nuestra forma en que nos entendemos. Hemos omitido el debate de ideas, excluido voces y actores mediante un sistema político discriminador y formas excluyentes de financiamiento a la política, y finalmente hemos estado conversando bajo un paraguas mal llamado técnico-económico cuando en realidad la economía está plagada de juicios morales.

Por otra parte, no es sano que nos movamos a un debate político que después no se convierte en políticas públicas que respondan a esas ideas. Eso se puede transformar en frustración y más tarde populismo. Por eso, creo que la labor de quienes han de tomar decisiones de políticas, en una sana democracia, es intentar comprender, explicar y trabajar en conjunto con la sociedad las formas en la cuales se pueden traducir concretamente las ideas políticas.

El caso de la gratuidad en educación superior es uno de estos. El debate de fondo es político. Hay que simplemente mirar los casos de Ecuador o Alemania, por ejemplo. El principal objetivo político del actual gobierno de Ecuador es la transformación de la educación superior para la generación y distribución del conocimiento: se cerraron instituciones, se transformaron en gratuitas todas ellas, se entendió que el conocimiento es un bien común, entre otros. En el caso de Alemania tuvieron que volver a la gratuidad universal en educación superior, con aranceles bastante más bajos que los que nosotros tenemos, ya que para ellos la educación es simplemente un derecho.

Transformar la educación superior en un derecho ciudadano, en una política social universal, entender que la creación de conocimiento debe ser democrática y equitativa, ya que genera y distribuye poder, entre otros muchos temas, son todos temas que responden a la pregunta de qué tipo de sociedad es en la que queremos vivir. Para transformar esas ideas políticas en políticas concretas que transformen nuestra sociedad entonces no podemos quedarnos en los discursos sino que debemos movernos a discusiones de políticas que puedan implementar el discurso político. En ese contexto, es importante que se discuta lo más ampliamente posible.

Con respecto al financiamiento de la gratuidad en educación superior hay varias formas de implementarse. En primer lugar, hay que distinguir los usos de las fuentes. Con respecto a los “usos”, al estudiar las diferentes experiencias internacionales de financiamiento de educación superior con gratuidad, se puede observar que estamos hablando de cómo financiamos instituciones que cumplen funciones públicas, como lo son la formación de técnicos y profesionales, la investigación, innovación y creación artística y la vinculación con el medio, en un sistema de educación superior regulado en su calidad, creación y cierre de instituciones y admisión.

Por otro lado, en el caso de las “fuentes” esto requiere de un financiamiento público. Esto es condición necesaria (aunque no suficiente) para la creación independiente de conocimiento y para un acceso al sistema que tenga que ver con la condición de ciudadano y no con el ingreso y la disposición a pagar de consumidores.

En general, las fuentes de financiamiento público provienen de: 1) impuestos generales, 2) cotizaciones contributivas y 3) ingresos de actividades productivas que tiene el Estado. Los impuestos pueden ser directos, a las personas o a las empresas, e indirectos como al consumo (IVA). De eso se trató la reforma tributaria recientemente aprobada: cambios en los impuestos directos de manera de recaudar progresivamente (de los más ricos) más recursos públicos y así financiar la reforma educacional.

Las cotizaciones contributivas que se utilizan para financiar seguros sociales, se tratan de que cada uno contribuya en función de su capacidad y se acceda en función de la necesidad. En el caso de Chile, por ejemplo, está parte del seguro de desempleo. Los trabajadores aportan un porcentaje de su salario a un fondo común que tiene como objetivo complementar el subsidio a los desempleados en períodos de desempleo. También es la forma en la que se financian los sistemas de pensiones de reparto: cada trabajador contribuye un porcentaje de su salario para financiar a los actuales pensionados con la condición de que él mismo será financiando en su vejez por las futuras generaciones. Por último, entre las fuentes de ingreso fiscales provenientes de actividades productivas del mismo Estado está, en el caso de Chile, los ingresos del Cobre.

Estas tres fuentes de financiamiento podrían eventualmente formar parte de las fuentes de financiamiento de un sistema de educación superior gratuito. Lo fundamental es que el sistema cumpla con i) responder a las necesidades de la sociedad, ii) sea gratis en el punto de servicio y iii) que se base en la necesidad y no en la capacidad de pago (Atria y Sanhueza, 2013).

Ahora bien, uno de los principales riesgos de los sistemas de educación superior que se financian solamente con impuestos generales es que estos, por definición, son la única fuente de financiamiento y por lo tanto, tiene mayores riesgos. Como lo he planteado en otros textos (Sanhueza, 2013) el problema con la gratuidad en educación superior no es que esta sea regresiva. No lo es. El problema, que ha mostrado de manera evidente la experiencia Irlandesa por ejemplo, es que si su financiamiento proviene solamente de impuestos generales, en períodos de ajustes, dadas las otras responsabilidades del Estado, la educación superior es la que primero pierde. Por lo tanto, un financiamiento diversificado debería ser una característica positiva y necesaria de un sistema financiado de manera más robusta.

En ese sentido, un impuesto a graduados, que funciona de la misma manera que una cotización contributiva para financiar un seguro social, en el cual cada uno recibe la educación que “necesita” y aporta según sus capacidades, puede perfectamente complementar el financiamiento proveniente de impuestos generales y por qué no, una parte podría provenir de los ingresos del cobre. De hecho, una manera de pensarlo es que el impuesto a graduados financie los costos de docencia, los impuestos generales financien investigación y los ingresos del cobre financien la vinculación con el medio. Eso diversifica las fuentes de financiamiento de la educación superior, es progresivo y es gratuidad.

Espero con esto aclarar que cuando las fuentes de financiamiento provienen de una cotización contributiva (como un impuesto a graduados), como se financia realmente un seguro social o una prestación como derecho social, es gratuidad efectiva y sin letra chica. Y significa que lo que cada uno recibe depende de las condiciones de acceso y no a su capacidad de pago, y lo que cada uno contribuye depende de su capacidad contributiva y no está relacionado a lo que cada uno recibe.

Disponible en Voces de La Tercera