Implementación del Informe Engel

La fortaleza del informe es, a su vez, su principal riesgo…una mala gestión en la ejecución integrada de las medidas del Informe Engel pue

05-05-2015

La entrega del Informe del Consejo Anticorrupción ha generado todo tipo reacciones. Desde los que celebraron su contenido, hasta los que afirmaron que es un conjunto de enunciados o bien que buena parte de sus medidas se habían planteado con anterioridad.

El informe es una buena sistematización de áreas sensibles, problemas identificados y propuestas de corrección, algunas de ellas efectivamente discutidas hace algún tiempo entre especialistas, pero que como consecuencia del trabajo del Consejo Asesor han logrado una legitimación transversal que hubiese sido imposible de obtener de otro modo.

En ese sentido, las iniciativas en materia de función pública, en donde se encuentran cuestiones asociadas a los conflictos de intereses, el fortalecimiento de los recursos humanos a nivel municipal, las correcciones al sistema de alta dirección pública, la neutralización del clientelismo político, la regulación del postempleo para los funcionarios directivos, el registro de lobistas, el fideicomiso ciego, la creación de la defensoría ciudadana y las vinculadas al fortalecimiento del sistema de contratación pública, entre otras, son propuestas que desde hace algún tiempo se han estado discutiendo —algunas de ellas llevan un par de décadas—, y en muchos casos con iniciativas legislativas que han fracasado más de una vez por decisión de los propios incumbentes.

Por eso la fortaleza del informe es a su vez su principal riesgo. El haber consensuado transversalmente propuestas con enfoque sistémico para abordar el problema de la corrupción, en los aspectos públicos y privados, enfrenta el desafío de gestionar coherentemente las reformas constitucionales, legislativas y administrativas que requieren estas medidas. Para eso el establecimiento de una secretaría técnica de implementación de esta agenda sería una manera razonable de gestionar el conjunto de iniciativas que se han anunciado.

Esto, porque los tiempos legislativos son extremadamente acotados de aquí al término de esta administración, cuestión aún más importante si se considera la agenda de reformas que el Gobierno desea seguir llevando adelante para cumplir su programa. El efecto de esto es que la agenda legislativa se transformará en un bien en extremo escaso, que generará todo tipo de disputas predecibles al interior del sector público y con los parlamentarios, en que cada uno querrá cumplir con compromisos previamente adquiridos.

Por este motivo, una mala gestión en la ejecución integrada de las medidas del Informe Engel puede tener consecuencias lamentables en la confianza pública, precisamente la que se quiere recuperar con la implementación de ellas.


Disponible en La Segunda