“Judicialización de planes de salud”

Existen industrias donde el consumidor debe incurrir en costos para cambiarse de proveedor, así como también hay otras donde el proveedor pu

03-02-2016

¿Cuántas veces le ha llegado una de esas cartas donde su Isapre le comunica un aumento en el valor de su plan de salud? Seguramente su reacción inicial fue pensar en cambiarse de Isapre o bien reclamar en tribunales que se cumpliera el contrato vigente. Lamentablemente, ambas alternativas son más teóricas que reales. Veamos por qué.

Respecto de lo primero, un estudio publicado el año pasado por Espacio Público muestra que nuestro sistema privado de salud tiene graves problemas de competencia. Cerca de 40% de los consumidores no puede cambiarse de Isapre debido a que alguno de los miembros del plan de salud se encuentra en un tramo de edad particularmente riesgosa, o bien tiene enfermedades que calificarían como preexistencia. El 60% restante, a su vez, también enfrenta dificultades significativas para cambiarse de Isapre, toda vez que la variedad de planes impide una comparación apropiada. En definitiva, el mercado tiene una capacidad limitada para disciplinar a las Isapres.

Con relación a la posibilidad de recurrir a tribunales, la magnitud del aumento mensual en los planes suele ser pequeña, al menos en comparación con los gastos que supone un litigio. Cuando el costo de reclamar es mayor que el valor de lo disputado, es preferible mantenerse pasivo y aceptar las nuevas condiciones, aunque sea a regañadientes. Ahora bien, desde hace algunos años nuestros tribunales han encontrado la manera de solucionar este problema obligando a que las Isapres paguen los honorarios del abogado que representa al consumidor disconforme. Este pequeño cambio generó una verdadera revolución en los servicios legales, fomentando el nacimiento de firmas de abogados especializadas en salir a buscar al consumidor. Además, como sus honorarios solo se pagan cuando tienen un resultado favorable para el consumidor, los abogados hacen un excelente trabajo a la hora de filtrar los casos de acuerdo con sus probabilidades de éxito. Según estimaciones de la propia industria, los consumidores ganan el juicio en cerca de un 90% de los casos que llegan a tribunales.

Hoy son cientos de miles los litigios por alzas en los planes de salud y es esperable que se mantenga una tendencia creciente. En diciembre, la Corte Suprema resolvió cerca de 6 mil casos conjuntamente, triplicando el monto de los honorarios que las Isapres deben pagar a los abogados de los consumidores. Ciertamente, esta forma de judicialización congestiona los tribunales. Según algunos, incluso podría tener efectos regresivos, toda vez que los consumidores más pobres suelen tener peores condiciones de acceso a la justicia. Con todo, mientras no se apruebe un paquete de reformas que mejore las condiciones de competencia del mercado de las Isapres y fortalezca las capacidades del regulador, un escenario de judicialización es nuestra alternativa menos mala.

Existen muchas industrias donde el consumidor debe incurrir en costos importantes para cambiarse de proveedor, como sucede con el gas natural o la telefonía. También hay muchas otras donde el proveedor puede además aumentar las tarifas sin preguntarle al consumidor, como es el caso del agua potable o la electricidad. Ahora bien, en todos estos casos la regulación limita significativamente el poder de las empresas. En las actuales condiciones de competencia, permitir que las Isapres aumenten unilateralmente los planes de salud equivale a construir una situación análoga a un monopolio legal, para luego permitir que el monopolista lo administre libremente.


Disponible en Pulso.

* Fotografía La Tercera.