“La ciudadanía y las pensiones”

Esperamos que el trabajo sirva como insumo para el debate previsional, de manera de contribuir a la construcción de propuestas que tengan en su génesis un carácter democrático y que cuenten, además, con mayor legitimidad social.

05-05-2017

El descontento hacia el sistema de pensiones ha puesto de manifiesto la necesidad de reformas profundas al régimen existente. El problema es sin duda complejo, y debe ser abordado de manera rigurosa y con mirada de largo plazo.

En particular, la movilización ciudadana ha dado a entender que el problema no es netamente técnico, sino que es también político. En efecto, el sistema actual está construido sobre la base de un paradigma valórico específico. Una eventual reforma debe definir los criterios implícitos de justicia sobre los que el sistema descansará en el futuro, y con ello los derechos y responsabilidades de quienes participan, así como las variables de diseño. En estas definiciones, la opinión ciudadana debiese ser un insumo clave, por lo que entender el origen del descontento es crucial.

¿Radica este descontento únicamente en el bajo nivel de las pensiones o existen, adicionalmente, críticas más profundas al diseño del sistema? ¿Será que la movilización elabora también críticas sobre los actores del sistema? Las respuestas a estas preguntas son de primera importancia para dar contenido a una reforma. Sin embargo, no son preguntas de fácil respuesta. A ello se suma que existe heterogeneidad en las percepciones ciudadanas, con perfiles diversos de opinión que combinan múltiples hipótesis elaborables a partir de las preguntas enunciadas.

Para contribuir al debate, en Espacio Público realizamos un esfuerzo por comprender de mejor manera los fundamentos del descontento ciudadano. Concretamente, se revisaron distintas encuestas, las que fueron complementadas con el material cualitativo levantado por la Comisión Bravo. El análisis, que se encuentra disponible en un documento recientemente publicado en la página web de Espacio Público, busca aportar al debate que estamos enfrentando hoy en materia de pensiones.

El documento ratifica la mala evaluación generalizada de la ciudadanía al sistema de pensiones. Sugiere que el descontento se explica fundamentalmente por el bajo monto de las pensiones entregadas, pues no alcanzaría para cubrir las necesidades de los jubilados. Pero también por el acotado rol del Estado en su funcionamiento, en particular en lo que respecta a su rol de garante de la seguridad social.

Adicionalmente, se concluye que el sistema es percibido como escasamente legítimo, por múltiples razones. Existe, en primer lugar, una sensación de engaño por una promesa incumplida en relación con las pensiones que entregaría el sistema en el largo plazo. En segundo lugar, a los ojos de la ciudadanía hay un problema de origen asociado a que el sistema fue instaurado por un régimen dictatorial, sumado además a los mecanismos que obligaron a los trabajadores a cambiarse de sistema. Asimismo, existe una sensación de abuso, dadas las altas utilidades percibidas por las AFP en el contexto de bajas pensiones. Finalmente, existe una sensación de expropiación de poder asociada al manejo de fondos, ya que los afiliados no tienen injerencia en las decisiones de inversión y no obtienen ningún beneficio concreto de ellos durante su vida activa.

El problema de desconfianza sobre el sistema en general, y sobre las AFP en particular, da paso a una demanda por cambios profundos. Concretamente, se demanda más Estado en relación con su condición de garante de la seguridad social, y también en lo que respecta a su tarea de fiscalizador, administrador y financista. Además, a pesar de no existir una preferencia única y definitiva sobre el diseño, existe una demanda por mayor solidaridad basada en el deseo de tener un sistema que vaya más allá de la provisión de mecanismos para el ahorro individual: esto es, avanzar hacia la construcción de un sistema con mayor seguridad social.

Las preferencias políticas de la ciudadanía son relevantes a la hora de diseñar e implementar políticas públicas. Esperamos que el trabajo sirva como insumo para el debate previsional, de manera de contribuir a la construcción de propuestas que tengan en su génesis un carácter democrático y que cuenten, además, con mayor legitimidad social. 

Columna disponible en El Mercurio

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