La ley más importante del año

El presupuesto es de las pocas leyes en que el Congreso tiene herramientas para obligar a negociar al Ejecutivo.

29-09-2015

Esta semana, el Gobierno presentará el proyecto de Ley de Presupuestos. Al igual que en los últimos años, se anunciará mediante cadena nacional, lo que genera todo tipo de expectativas. ¿Qué hace que una ley pensada para estimar el ingreso y autorizar el gasto público genere tanto interés?

La razón es simple: se trata de la ley más importante que se discute anualmente en el Congreso, al punto de que se la denomina “la batalla por el gasto público”. Varios motivos explican esto: por una parte, aunque nuestro sistema constitucional es fuertemente presidencial, la aprobación del presupuesto por el Congreso es esencial para el desarrollo concreto de políticas públicas y la satisfacción de derechos de los ciudadanos. Por otro lado, es de las pocas leyes en que los parlamentarios tienen herramientas para obligar a una negociación al Ejecutivo; si bien carecen de iniciativa en materia de gasto público, sí tienen el poder de rechazar las propuestas del Gobierno. Los ejemplos abundan en el pasado reciente.

Esta negociación también revela el modo en que se gobierna. Una cantidad relevante de las discusiones que subyacen al presupuesto tienen su origen en políticas que se autorizan anualmente mediante glosas, con lo cual se evita incorporarlas en leyes permanentes. El mejor ejemplo este año será el debate sobre gratuidad en educación superior, y el problema que tendrá el Gobierno para justificar el beneficio en una ley no estructurada para establecer derechos permanentes.

Esto explica que el presupuesto sea el mejor instrumento de control político al Gobierno por parte del Congreso, mucho más eficiente que la solicitud de información o las interpelaciones, pero también con fuertes distorsiones. Que el incentivo de negociación sea el rechazo de partidas por parte de los parlamentarios da origen a estrategias clientelares de lado y lado, generando consecuencias negativas en las propias políticas públicas que se desean implementar.

La experiencia, desde el retorno a la democracia, demuestra que esta ley es y seguirá siendo el principal instrumento de negociación política entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pareciera que todo gobierno tiene que aceptar las consecuencias de este diseño institucional, que impide un rol más protagónico al Congreso, pero que al final, por los incentivos que genera, afecta la calidad de la política, porque termina desarrollando un espacio de transacciones opacas en que cada parlamentario busca satisfacer su propio interés distrital.

En tiempos de debate constitucional pareciera necesario no olvidar este diseño y algunos efectos negativos que genera en el funcionamiento del sistema político.


Disponible en La Segunda.

* Fotografía Emol.