“La otra puerta giratoria”

En Chile tenemos una casi nula regulación a la denominada “puerta giratoria” entre el sector público y privado, que no es lo mismo que la de la delincuencia. En este caso, se refiere a restricciones de post empleo para ex o futuras autoridades o funcionarios.

10-01-2017

En Chile tenemos una casi nula regulación a la denominada “puerta giratoria” entre el sector público y privado, que no es lo mismo que la de la delincuencia. En este caso, se refiere a restricciones de post empleo para ex o futuras autoridades o funcionarios. El objetivo de estas restricciones, principalmente, es evitar conflictos de interés y el uso de información privilegiada.

Por ejemplo, una persona que ejerce durante 4 años como Superintendente de Bancos, maneja una gran cantidad de información sobre el sector y ha adoptado decisiones fiscalizadoras y reguladoras sobre los bancos que operan en el país. Si no hay normas que regulen el post empleo en este tipo de cargos, se corre el riesgo de que pueda negociar con algún banco para un futuro empleo, pudiendo adoptar decisiones en el intertanto que lo beneficien o que perjudiquen a su competencia. O que una vez trabajando ya para ese banco, utilice información privilegiada que conoció durante su cargo en su beneficio.

Por esto, en muchos países como Argentina, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y la mayoría de los que integran la OCDE regulan estas situaciones. Generalmente se establece un período de “enfriamiento” en el cual ciertas ex autoridades y funcionarios no pueden ejercer actividades en los sectores bajo su supervisión o regulación.

Recientemente se comenzó a discutir un proyecto de ley del Gobierno que pretende regular este fenómeno, siguiendo algunas recomendaciones de la Comisión Engel.  Se contempla que ex funcionarios y autoridades de entidades fiscalizadoras, como el Servicio de Impuestos Internos y las Superintendencias no puedan emplearse en entidades fiscalizadas por entre 3 y 6 meses. Dependiendo, en algunos casos la prohibición es absoluta y, a cambio, reciben una compensación económica del Estado.

Si bien el objetivo del proyecto es el correcto, los plazos establecidos son más cortos que la regla general, que suele ser entre 1 y 2 años. Además, el espectro de autoridades es limitado y se debiera incluir a todas las instituciones fiscalizadoras, reguladoras, así como Ministros y Subsecretarios.  Se trata de un buen primer esfuerzo en esta materia y con los perfeccionamientos necesarios, una vez aprobado, fortalecerá aún más las restricciones que se han ido impulsando para reducir y detectar los conflictos de interés en el sector público.

Disponible en La Hora