La propiedad no es un derecho absoluto

Lo primero que vale la pena preguntar a los defensores del libertarismo: ¿qué hay de malo en la redistribución de los recursos sociales?

15-07-2015

Cualquiera que haya pasado por una escuela de derecho habrá escuchado la idea de que la propiedad es un derecho absoluto que faculta al dueño para usar, gozar y disponer del bien como se le antoje. Esa noción de la propiedad no se sostiene ni desde la filosofía política ni desde el derecho constitucional.

Para comenzar, conforme a una teoría de los derechos humanos plausible, ningún derecho humano es absoluto: todos los derechos aceptan límites legítimos en pos de la protección de otros derechos humanos. La reciente polémica que ha surgido en Chile a propósito de la demanda ciudadana por “el derecho al agua como un derecho humano”, graficada dramáticamente por la situación de los habitantes de Petorca (véase informe de derechos humanos UDP, 2013), nos ofrece la oportunidad de hacernos preguntas que, aunque esenciales, no suelen ser parte de la reflexión sobre los derechos humanos más allá del entorno propio de la filosofía política.

Lo primero que vale la pena preguntar a los defensores del libertarismo (los neoliberales que defienden la inviolabilidad de la propiedad privada y la actuación mínima del Estado) es ¿qué hay de malo en la redistribución de los recursos sociales?

Nozick, el más importante representante del libertarismo, construye su “teoría de la propiedad” sobre la premisa de que si cada cual tiene derecho a la posesión de sus bienes, entonces una justa distribución de los mismos es la que resulta del libre intercambio. La idea de “Estado Mínimo” se sustentaría en tres principios: el principio de transferencia, que defiende que cualquier cosa que haya sido adquirida justamente puede ser libremente transferida; el principio de la adquisición inicial justa, donde un relato de cómo la gente ha adquirido inicialmente sus bienes permite la libre transferencia; y el principio de la rectificación de la injusticia, que responde a la cuestión de cómo lidiar con las propiedades que han sido adquiridas o transferidas injustamente.

Nozick deduce estos tres principios de la “teoría de la adquisición de Locke”, que considera que los derechos de propiedad sobre un objeto no poseído se originan una vez que alguien mezcla su trabajo con dicho objeto. Además, la “apropiación de un objeto no poseído” será legí- tima si no empeora la situación de otros. La llamada estipulación de Locke exige que se deje del bien “suficiente y de igual calidad” a los demás, de modo que sólo sería legítima una apropiación si nadie tiene ninguna razón para preferir que ese bien siga siendo de uso de todos pues, o no se ve perjudicado, o se tienen razones para preferir la nueva situación, ya que de ella se ha obtenido algo que antes no se tenía y que vale, al menos, tanto como lo que ha perdido con ese nuevo estado de cosas. Por ejemplo, una persona no puede apropiarse del único manantial del desierto y cobrar por el agua lo que quiera. Tampoco puede cobrar lo que quiera si, por un infortunio, todos los demás manantiales se secan y queda sólo el suyo pues, aún sin culpa suya, este hecho fortuito hace operar la estipulación de Locke.

Pero aquí nos vemos obligados a enfrentar un problema crucial previo: ¿cómo sabemos si los procedimientos de adquisición inicial y transferencia han sido legítimos? Para ello sería necesario retrotraer los derechos de propiedad hasta el principio, hasta el primer propietario, pues sólo así puede normalizarse la actual propiedad. ¿Cómo se transformó esa propiedad originaria en propiedad privada?

Marx despreciaba a aquellos que decían que los capitalistas adquirieron su propiedad por medio de pacientes ahorros: “En la historia real el gran papel lo desempeñan la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo: en una palabra, la violencia (…) En realidad, los métodos de la acumulación originaria son cualquier cosa menos idílicos”. Nozick reconocía que su teoría de la adquisición inicial está mancillada por el hecho probable de que las primeras apropiaciones privadas hayan sido obtenidas por la fuerza. Por ello, ante la realidad de las adquisiciones ilegítimas, Nozick propone su “rectificación” por medio de una redistribución general de todos los recursos, dejando que de ahí en adelante actúen las reglas del mercado.

Por cierto que esta es una propuesta audaz, pero de difícil implementación. Mientras tanto, lo menos que puede hacer el Estado para “limpiar” los derechos de propiedad que no cumplen ni con los requisitos de Locke (compensar por la apropiación privada) ni de Nozick (origen legítimo de la propiedad) es redistribuir los recursos sociales y recordar, como expresan la Constitución alemana, italiana y española, que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. En esa línea, nuestra actual Constitución reconoce que la función social del derecho a la propiedad privada permite limitar el derecho con el fin de impedir que pueda desenvolverse en oposición al interés social.

En particular, las aguas son bienes nacionales de uso público, de modo que la regulación de los derechos de aprovechamiento que se han reconocido a los particulares debe siempre garantizar —en la línea de la estipulación de Locke— la disponibilidad del recurso hídrico a todas las personas, sobre la base de la función social de la propiedad, elemento que es esencial en nuestro derecho constitucional. Incluso más, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha venido sosteniendo, desde el año 1995, que el acceso al agua “sin discriminación alguna” es un derecho humano que supone “el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. En definitiva, tanto desde el punto de vista de la función social de la propiedad como desde la protección integral de todos los derechos humanos, el Estado puede redistribuir los recursos hí- dricos. En rigor, la Constitución no sólo se lo permite: se lo ordena.


Disponible en El Mercurio Legal