Legitimidad social: tarea pendiente de las asociaciones empresariales

Cierto tipo de contribución entre agremiados puede amplificar los beneficios individuales, como la promoción y marketing común para una ind

19-06-2015

Le propongo un ejercicio mental. Intente pensar si existe en Chile un área de negocios o sector empresarial cuyos intereses no se encuentren organizados bajo la figura de una asociación. Difícil. Haciendo un rápido recorrido reconocemos que todos quienes hacen oferta de productos o servicios cuentan con algún tipo de organización. Desde las asociaciones más tradicionales y reconocidas como la SOFOFA y la Cámara de la Construcción, pasando por las vinculadas a sectores regulados como las de Isapres, Bancos o AFP, hasta las de más reciente creación como la de Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile, de Generación Eléctrica o del Retail Financiero.  Con mayor o menor profundidad, todas buscan resguardar “el interés de sus asociados”.

Hasta hace no muchos años atrás la competencia natural entre las empresas  incentivaba que cada una buscara relacionarse de maneras individuales con autoridades, fiscalizadores, consumidores organizados, parlamentarios y opinión pública. Pero esa lógica empresarial cambió, las empresas buscaron asociarse y le entregaron la responsabilidad del relacionamiento con los distintos stakeholder a las asociaciones gremiales.

¿Qué está incentivando el cambio de la acción empresarial individual a una colectiva? Cierto tipo de contribución entre agremiados puede amplificar los beneficios individuales, como  la promoción y marketing común para una industria o la defensa de un interés frente a la amenaza de una industria competidora. Pero lo cierto es que junto con esas acciones la realidad muestra que el foco de acción principal de estas asociaciones está orientado a presentar la opinión común frente a nuevas iniciativas regulatorias de la autoridad de turno. ¿Una estrategia razonable? Completamente. De hecho, desde la lógica de un buen proceso de generación de políticas públicas es indispensable considerar las opiniones de las empresas afectadas por la nueva regulación.

El problema es desde qué zapatos habla esa asociación al plantear sus puntos de vista. ¿En quién piensa la asociación de empresas de alimentos al reclamar sobre la nueva norma de etiquetados?, ¿A quién defiende la Asociación de Bancos en la regulación del consentimiento expreso en los contratos financieros? La respuesta es bastante obvia, me dirá usted. Defienden los intereses de las empresas. Bueno, ese es justamente el problema… para la legitimidad de las mismas empresas y para la sana discusión de futuras políticas públicas.

Tal como demuestra la encuesta Bicentenario de la PUC de hace unos años, cuando se le pregunta a los chilenos cuál es su opinión sobre “los bancos” un mayoritario 62% declara poca o nula confianza. En cambio, cuando se les pregunta por  el banco “de su cuenta corriente”, se revierte la opinión con más de un 60% declarando tenerle mucha o bastante confianza. Similar bipolaridad se da cuando se pregunta por la confianza en “las empresas” con solo un 16%, comparado con la confianza en “la empresa donde usted trabaja”, con un 72% de confianza. Extrapolando esta evidencia se podría concluir que los chilenos tienden a desconfiar  de los grupos de empresas, incluyendo por cierto entonces a las asociaciones gremiales. Más allá de las causas de esta realidad, es un hecho que las asociaciones enfrentan un escenario complejo.
¿Qué pueden hacer los gremios ante esta realidad?

Enfrentamos en Chile y el mundo un entorno social crecientemente exigente con las empresas. Aumentó el estándar en trasparencia, libre competencia, sustentabilidad y en legitimidad social. Por eso me parece que los nuevos tiempos obligan a los gremios a repensar la manera de estructurar sus asociaciones y las señales públicas que dan de su gobierno corporativo. Digo esto especialmente respecto de gremios que representan a industrias que prestan servicios públicos de alto impacto social, como lo son por ejemplo las empresas asociadas a los servicios financieros (bancos, retail, AFP) y las utilities (eléctricas, telefonía).

En esos casos, propongo que las asociaciones repliquen una práctica de gremios empresariales de países de la OECD: que los estatutos de esos gremios consideren Directorios con integración no solo de directores representantes de las empresas (típicamente sus gerentes, directores, o controladores) sino también se complemente con la de directores independientes: profesionales elegidos por las propias asociaciones pero sin vínculo laboral o económico con ninguna empresa. Directores públicamente reconocidos que, enfrentados a opinar sobre una determinada nueva regulación, no tengan otra consideración que su expertise profesional, su reputación personal o su experiencia como usuario. Eso le permitiría a las asociaciones revestir de mayor representatividad las recomendaciones de su Directorio.

Solo las asociaciones gremiales que sean capaces de demostrar su independencia de juicio ante la ciudadanía tendrán mayor legitimidad para plantear sus opiniones y propuestas.