“Ley de Partidos Políticos: Avances y desafíos”

05-01-2016

Se requiere una revisión sistemática para determinar sanciones efectivas, incluyendo cuándo procede la pérdida de financiamiento público…

 

Este jueves el Senado comienza a discutir el proyecto de ley que fortalece la democracia interna de los partidos políticos, luego que la Cámara lo aprobara en primer trámite legislativo en diciembre. Iniciativas como esta no suelen completar siquiera su primera discusión, como ocurrió con las presentadas en el primer gobierno de Bachelet y el gobierno de Piñera. Por ello, ya es un avance importante que el proyecto actual haya concluido el primer trámite en seis meses.

La evaluación del contenido del proyecto por parte del Observatorio Anticorrupción -iniciativa conjunta de Espacio Público y Ciudadano Inteligente- es relativamente positiva, con una nota de 5,2 para la versión que salió de la Cámara. Esta evaluación refleja avances importantes, como el reconocimiento del rol público de los partidos, la ampliación de sus actividades para incluir la promoción de la participación y formación política de la ciudadanía, la exigencia de un conjunto importante de medidas de transparencia y el establecimiento de un estatuto con derechos y deberes de los militantes, de elecciones periódicas de sus directivas y de cuotas de género.

No obstante, hay temas pendientes sin los cuales el proyecto no estará a la altura de lo que las circunstancias y la ciudadanía demandan. Los principales desafíos a abordar en el Senado son los siguientes:

1. Constitución y disolución de partidos: Se aprueba un aumento de los requisitos para constituir partidos y para subsistir como tales. Algunos de estos requisitos apuntan solo a dificultar que emerjan nuevos partidos, por lo cual debieran eliminarse. También, el proceso para registrar afiliados a un partido en formación debiera contar con las mismas facilidades con que contará el refichaje de los padrones electorales de los partidos existentes.

2. Ingreso a los partidos: Se avanza en tener un proceso de ingreso más objetivo, para evitar que se privilegie la afiliación de personas afines a la mayoría de turno. Sin embargo, las medidas aprobadas no son suficientes. Falta establecer un comité de ingreso que incluya a representantes de la minoría y que exista la posibilidad de reclamar ante un ente externo -Servel o Tricel- si se niega el ingreso.

3. Derechos de los afiliados: Se establece un nuevo estatuto para proteger los derechos de los afiliados. Falta, sin embargo, una definición más completa de debido proceso que va más allá de reconocer el derecho a defensa de los afiliados e incluye, por ejemplo, instancias externas para reclamar las decisiones de los tribunales supremos.

4. Supervisión externa de las elecciones: El proyecto contempla la posibilidad de reclamar ante el Tricel la calificación realizada por el Tribunal Supremo, pero se exigen muchos requisitos -obtener votos disidentes del Tribunal Supremo que representen el 20% de los miembros de este, por ejemplo-. Además, sin un ente externo que haya supervisado el acto eleccionario, es difícil obtener pruebas para demostrar fraude ante el Tricel. Una solución es que el Servel organice las elecciones de directiva y que dicha organización no tenga costo para los partidos.

5. Padrón electoral: Se establece que cualquier militante puede pedirlo, pero se le entregan solo los nombres y domicilios de los militantes. Es importante incluir también el RUT, dato imprescindible para identificar a una persona y, sujeto al visto bueno del militante, su correo electrónico y celular, para facilitar un acceso fluido. También falta otorgar facultades al Servel para que pueda cruzar información y verificar la identidad del afiliado y sus datos relevantes, además de medidas que faciliten la inscripción, como poder hacerlo vía internet. Por otra parte, hay que revisar que el registro de adherentes cumpla las mismas exigencias que el padrón de afiliados.

6. Régimen patrimonial de administración de bienes: Esta materia fue mayoritariamente rechazada, pero probablemente se volverá a discutir en el Senado. Las preocupaciones son:

a) Que los inmuebles se destinen exclusivamente a las actividades propias de los partidos, y no mayoritariamente como se aprobó en la Comisión de Constitución.

b) Que las inversiones de patrimonio se hagan a través de mecanismos que eviten conflictos de interés.

c) Que los contratos ya suscritos se adapten a las normas aprobadas; por ejemplo, que no puedan tener valores o condiciones significativamente distintas a las de mercado ni puedan prestar servicios remunerados.

7. Sanciones: En general se mantienen las sanciones de la ley actual, varias de las cuales son relativamente bajas y sin mayor efecto disuasivo. Se requiere una revisión sistemática para determinar sanciones efectivas, incluyendo cuándo procede la pérdida de financiamiento público. Por ejemplo, la obligación de contar con cuotas de género en la directiva no lleva sanción específica aparejada en la versión aprobada por la Cámara de Diputados.

En resumen, se trata de un proyecto que contiene importantes avances; sin embargo, es necesario que el Senado incorpore los perfeccionamientos señalados para contar con partidos democráticos, abiertos a la ciudadanía, y así restaurar las confianzas tan disminuidas, fomentando una mayor participación electoral y en la vida democrática del país.

Disponible en El Mercurio.