“Los verdaderos desafíos de la Ley de Inclusión”

Es necesario que nuestros profesores y directivos cuenten con estrategias y recursos para enfrentar los cambios que tendrán las aulas, cambi

04-03-2016

La semana pasada asistimos a la primera polémica educativa del 2016. Las prohibiciones establecidas por la Ley de Inclusión en materia de suspensión y expulsión por motivos relacionados con la presentación personal desataron una ola de comentarios, muchos de los cuales se oponían fuertemente a estos cambios.

Aclaremos. La Ley de Inclusión no prohíbe que los colegios tengan reglamentos, sino que exige que los establecimientos cuenten con normativas de convivencia. Tampoco prohíbe que los colegios exijan un determinado uniforme o ciertas características en la presentación personal. Lo que exige la Ley es que las sanciones frente al incumplimiento de estas normas no vulneren el derecho a educarse de un niño, niña o joven.

Si un estudiante no cumple con el reglamento en materia de presentación personal, su colegio puede adoptar medidas disciplinarias, pero estas no pueden ser la suspensión o expulsión del establecimiento. La Ley permite la suspensión y expulsión en situaciones complejas de indisciplina,siempre y cuando se llegue a esta medida después de un procedimiento objetivo, justo, y que contemple apelación.

Parece necesario superar esta polémica y enfocar los esfuerzos en los desafíos más transcendentales que enfrentará la ley a partir del día en que su contenido entre en vigencia.

A fines del año pasado realizamos un estudio para identificar riesgos y desafíos durante el periodo transitorio en el que se introducirán estos cambios. Entrevistamos a sostenedores de colegios particulares subvencionados y a algunos funcionarios del Ministerio, obteniendo información importante que resumiremos a continuación.

Los verdaderos riesgos

No existe conocimiento ni una opinión común por parte de los sostenedores frente a la nueva ley. Así como existen colegios chicos, grandes, con lucro, sin lucro, con copago, sin copago, con y sin selección, también existen distintas realidades y posturas frente a los cambios que se avecinan. Cada sostenedor presenta preocupaciones referidas a los cambios “que le tocan”, y muchos de ellos no tienen claridad respecto a los mismos.

La segunda conclusión: no se puede predecir el impacto de la Ley ni identificar desafíos si es que no se considera el contexto en el cual se aprueban y ejecutan los cambios. El clima político polarizado; las otras reformas aprobadas y/o en discusión en el Congreso; la negativa experiencia histórica de los colegios en relación con la excesiva burocracia que se les impone desde la Superintendencia y las numerosas rendiciones de cuenta e inspecciones; la presión que impone el actual modelo de financiamiento y evaluación en los establecimientos; así como los normales desafíos que impone la gestión del cambio, son elementos que deben considerarse a la hora de la implementación. Aunque no son parte de la Ley de Inclusión, influirán determinantemente en el éxito o fracaso de la misma. Si ya hay sostenedores y directivos enojados, no verán mayores diferencias con las nuevas normas, que muchos considerarán una sobrecarga adicional respecto a una de por sí saturada realidad pletórica de requerimientos burocráticos.

Recomendaciones

La Ley de Inclusión mandató la creación de una unidad de apoyo a los sostenedores (UAS) dentro del Ministerio. Esta unidad ya está operativa y ha desarrollado un importante trabajo de difusión de información y apoyo para preparar los cambios. Sin embargo, la heterogeneidad y elevado número de sostenedores exige que la UAS cuente con recursos humanos, financieros y atribuciones significativamente mayores para dar respuesta efectiva a las problemáticas específicas de cada establecimiento.

Esta Unidad debe ser capaz de entregar soluciones concretas y rápidas a todos los sostenedores, y para ello es necesario darle mayor autonomía y fortalecer su equipo. Los sostenedores deben sentirla como una verdadera ayuda frente a sus dudas y necesidades.

Por otro lado, parte importante del éxito o fracaso de esta ley se juega en su comprensión por parte de la ciudadanía. La semana pasada vimos la preocupación de las familias frente a un punto específico (y relativamente menor) de lo que se viene, preocupación que probablemente irá en aumento a medida que comience a operar la gratuidad y, por sobre todo, el nuevo sistema de postulación y admisión a los establecimientos. Por esta razón es clave que el Ministerio desarrolle una campaña de información en todo el país, en dónde se expliquen claramente los alcances de la ley y los cambios que involucran para las familias. Este trabajo no debe escatimar en esfuerzos y debe mantenerse durante todo el período transitorio, con razonables espacios de flexibilidad en su aplicación.

Es necesario prestar el apoyo necesario para enfrentar aulas y colegios más diversos. Chile es el país más segregado a nivel escolar de la OCDE, tanto en lo socioeconómico como académico. Llevamos décadas de prácticas y políticas contrarias al objetivo de esta ley. Entonces, es necesario que nuestros profesores y directivos cuenten con estrategias y recursos para enfrentar los cambios que tendrán las aulas, cambios que si bien serán graduales, de seguro serán un enorme desafío.

Es asimismo necesario que el Ministerio coordine el proceso de implementación de la ley con la normativa vigente y con los otros cambios que se discuten en la reforma. Asimismo, es urgente entregar claridad en los reglamentos y en los plazos de cada cambio, elementos vitales para disminuir la tensión en el sistema. Por último, se deben resolver algunos errores específicos en la redacción y otros problemas administrativos ya identificados en la ley, que se produjeron al calor de las duras negociaciones de su aprobación.

Para terminar

Hemos sintetizado los principales desafíos que enfrenta la implementación de la Ley de Inclusión. La tarea es enorme y requiere de un trabajo riguroso y rápido por parte de las autoridades. Sin embargo, aún cuando se incorporen estas recomendaciones, es imposible que se logre despejar el camino completamente.

Por un lado se trata de una ley compleja, que modifica varias normativas, y que por sobre todo, representa un cambio cultural para el país. Por otro, la experiencia en la gestión del cambio muestra que toda modificación de esta magnitud requiere de flexibilidad para realizar ajustes específicos que vayan facilitando su operación.

Hay experiencia. La Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), señalada por actores, expertos y políticos como uno de los principales aportes al sistema en las últimas décadas, ha debido ser modificada en varias ocasiones desde su aprobación, cambios que han buscado perfeccionar y profundizar su cometido.

Por eso sugerimos tranquilidad y buena voluntad. La inclusión y la disminución de la segregación escolar es una de las tareas más importantes del país, con impactos culturales de largo plazo. Sabemos que el escenario es propicio para “afilar los dientes” y hacer de cualquier noticia relacionada con la ley un evento polémico, que anuncie el rotundo éxito o total fracaso de la reforma educativa. Esto no hará otra cosa que poner en la ley una presión que no le corresponde, y que de seguro terminará perjudicando a las comunidades escolares.

Hoy comienza un periodo de implementación que durante al menos 5 años implicará importantes y complejos desafíos. Es tiempo de superar los cálculos políticos de corto plazo.

* Esta columna está coescrita con Manuel Sepúlveda, Director de Política Educativa de Educación 2020


Disponible en Voces de La Tercera.

* Fotografía La Tercera.