Más allá de la exclusividad

Si bien la exclusividad es un paso básico para fortalecer el funcionamiento del Congreso, se deben adoptar medidas adicionales para prevenir

18-06-2015

El informe del Consejo Asesor Presidencial en contra de los conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción, planteó la necesidad de perfeccionar el sistema de incompatibilidades como un mecanismo para prevenir los conflictos de interés, asegurar el desempeño adecuado de la función pública y proteger el interés general.

Una de las medidas propuestas plantea justamente que “la función parlamentaria ‘debe ser’ de dedicación exclusiva”. Esto implica que los parlamentarios no pueden desempeñarse en forma remunerada en otras actividades distintas de su función como tales; salvo excepciones, como es el caso de la actividad académica por un limitado número de horas.

Si bien este es un paso básico para fortalecer el funcionamiento del Congreso, resulta insuficiente si se trata de prevenir el peligro de captura de las decisiones públicas por intereses particulares e inhibir la utilización de información reservada y privilegiada. Las crisis en materia de probidad tienen la virtud de generar ventanas de oportunidad para mejorar reglas e instituciones, pero también el peligro de impulsar reformas efectistas que no atacan las causas de fondo, sino sólo los síntomas más visibles de los problemas.

La exclusividad en la función parlamentaria debe ser entendida entonces como una medida en un sistema de normas, instrumentos de fiscalización y sanciones. Prevenir los conflictos de interés no implica que autoridades y funcionarios deban despojarse de sus intereses o patrimonio, sino que éstos sean debidamente transparentados y manejados para asegurar que sus decisiones y acciones no persigan beneficio propio o de su entorno.

La transparencia es una pieza clave en este sistema de regulación. De ahí que se ha instaurado la exigencia que funcionarios y autoridades realicen declaraciones de patrimonio e interés. Para que estas declaraciones sean eficaces en el ámbito legislativo, debe incluir una individualización completa del declarante y de todas las personas que integren su grupo familiar, sean parientes por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta, o en la colateral hasta el segundo grado inclusive, incluyendo convivientes. El Congreso debe además fiscalizar la veracidad y exhaustividad de las declaraciones y publicarlas de manera regular. Junto con ello, deben existir sanciones claras y proporcionales a las faltas a esta regulación. Pero además de transparencia es imprescindible que se establezcan códigos de conducta en materia de inhabilidades a la hora de participar en comisiones y votar proyectos cuando existen conflictos de interés, así como sanciones para quienes vulneran las normas.

Respecto de los intereses financieros se requiere utilizar el fideicomiso ciego y diversificado para quienes poseen intereses en gran cantidad de áreas y en cuantías significativas. Quienes mantienen la propiedad y participación en sociedades comerciales no deberían participar como integrantes de comisiones vinculadas a sus intereses comerciales. En materia de intereses no financieros, es imprescindible también transparentar toda propiedad o participación en fundaciones y corporaciones, limitando la relación que éstas puedan tener con financiamiento y asesoría a organismos públicos, y fiscalizar eficazmente que no sean utilizadas para financiamiento irregular de la política.

Nuestra democracia necesita con urgencia mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones; eso pasa, entre otras cosas, por a asegurar que se legisla en pro de intereses comunes y no particulares. La iniciativa está en manos del Congreso.


Disponible en La Tercera