“Más probidad y pendientes en democracia”

Quedó en evidencia que no hemos perdido la capacidad de asombro y reaccionamos frente a la fe pública. Estos escandalos abrieron la oportuni

04-01-2016

EL 2015 terminó de agudizar el quiebre entre élites y ciudadanía que se venía arrastrando desde comienzos de la década, y quedará plasmado en nuestra memoria como el año en que nos vimos enfrentados a levantar la alfombra y observar de frente lo que se venía ocultando por mucho tiempo. Sin que estuviera previsto del todo, dejará marcas profundas en nuestro sistema político institucional y en la relación entre Estado, mercado y sociedad. Cambios positivos para el país, pero también otros más problemáticos e inciertos.

Desde lo positivo, ha quedado en evidencia que no hemos perdido la capacidad de asombro y nos escandalizamos y reaccionamos frente a trasgresiones a la fe pública. Estos escándalos abrieron la oportunidad de analizar y proponer modificaciones ambiciosas, detalladas en profundidad en el Informe del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, al funcionamiento de nuestras normas e instituciones, con una velocidad y profundidad que no hubiera sido posible sin el contexto de urgencia generado por el clamor público provocado por los escándalos. Además, permitieron establecer un mejor diagnóstico de los problemas que enfrentamos: existen debilidades en nuestros marcos regulatorios, muchas instituciones públicas encargadas de fiscalizar el cumplimiento de normas carecen de las facultades y recursos necesarios para cumplir sus mandatos, mientras los sistemas de prevención y sanciones no estaban jugando un rol disuasivo. También se ha constatado que a pesar de las resistencias y bloqueos de muchos actores dentro y fuera del Estado, la convicción de otros funcionarios y autoridades junto a la presión pública sostenida hicieron posible que la agenda avanzara, aunque con resultados aún inciertos. Ellos dependerán del detalle de cada uno de los proyectos en tramitación y de la forma en que todos operen como un sistema coherente.

Pero los efectos de esta coyuntura crítica no serán todos auspiciosos. Mientras se avanza en áreas específicas, parte importante de nuestras élites insisten en minimizar la gravedad y profundidad de los problemas existentes, y soslayar un debate más de fondo sobre los estándares éticos que deberían orientar el accionar de las instituciones. Enfrentamos el riesgo de que la ética sea reducida a la legalidad: que solo enfrenten reproches quienes han cometido faltas que sean corroboradas como delitos ante tribunales de justicia, perdiendo así la oportunidad para que esta crisis abra espacio para una transformación más profunda de nuestro comportamiento en sociedad.

Por otra parte, la urgencia de enfrentar el desafío de la probidad podría opacar otros nudos estructurales del funcionamiento de nuestra democracia que siguen sin ser atendidos, como los déficits de representación, la relación entre partidos y ciudadanía, la sostenida caída en participación electoral, y el desplome en la confianza en instituciones democráticas esenciales como el Congreso y los partidos. Si bien un desenlace virtuoso a los cambios de la ley de partidos, la transformación del sistema de financiamiento de la política y campañas, la reforma al SERVEL, sumados a la reforma electoral ya aprobada, provocarán en conjunto un antes y un después, con una renovación inédita de las reglas del juego que estructuran la política, no lograrán por sí solos atraer nuevamente a las ciudadanas/os a las urnas, recomponer la relación entre sociedad y partidos o elevar los niveles de confianza institucional. La agenda de probidad es urgente e imprescindible, pero no puede ser concebida como la solución a todos los problemas que enfrenta nuestra democracia. El desafío pendiente para el 2016.


Disponible en La Tercera.

* Fotografía La Tercera.