Matar a los partidos chicos

Lo que parece cuestionable es que el Estado sólo entregue recursos a partidos con representación parlamentaria. Pudo perfectamente utilizars

27-07-2015

En enero pasado nuestra legislatura aprobó una nueva reforma electoral que incluyó, entre otras cosas, la reducción del umbral para la creación de partidos. Si antes se necesitaban en algunas regiones dos mil firmas en tres regiones consecutivas, a partir de ahora se necesitarían de no más de 100 firmas en algunas regiones, incentivando su creación.

Seis meses después, con la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de financiamiento político asistimos a una tendencia contraria: ahora se pretende ahogar a estas nuevas tiendas políticas que buscan competir por espacios de poder. En efecto, el proyecto recién aprobado establece las siguientes cláusulas. Primero, el Estado otorgará un subsidio a los partidos en forma trimestral para solventar su funcionamiento regular (fuera de campaña). El 20% se entregará a todos los partidos por igual y el restante 80% se asignará en relación a los votos emitidos.

Pero se agrega que aquel 20% de aporte basal considerará dos criterios: se distribuirá en proporción a las regiones en que esté constituido, y “en el caso de los partidos que estén constituidos en la totalidad de las regiones del país, se les distribuirá lo que correspondiere como si estuviesen constituidos en una región adicional”. Es decir, se establece aquí una ventaja adicional para los partidos tradicionales respecto de las nuevas agrupaciones. Parece correcto que exista proporcionalidad en la asignación, pero incorrecto que exista un bono extra para algunos.

Segundo, se establece la razonable provisión que sólo podrán recibir aportes del Estado los partidos legalmente constituidos. Pero se agrega que además estos partidos deberán contar con al menos un congresista, y siempre que el asiento se haya obtenido durante su existencia legal. Si por ejemplo Lily Pérez, Giorgio Jackson, Gabriel Boric o cualquier otro parlamentario forman un partido, dicho partido no podría acceder de ningún modo a fondos públicos.

¿Son justas estas últimas condiciones? Resulta razonable que no se entreguen recursos a parlamentarios que forman sus propias tiendas políticas una vez electos. Aquello incentivaría un perverso efecto de correr por un partido y luego establecer partidos individuales. Lo que parece cuestionable es que el Estado sólo entregue recursos a partidos con representación parlamentaria. Pudo perfectamente utilizarse el criterio de la cantidad de votos obtenidos, de modo de evitar una discriminación adicional para fuerzas políticas emergentes que podrían rendir bien a nivel local.

Este proyecto requiere equilibrar de mejor modo la estabilidad del sistema político con la apertura a la competencia. Además de elevar el umbral para la formación de partidos -que es extremadamente bajo-, podría permitirse la continuidad de todo partido formado por al menos dos elecciones. Podría también entregarse aportes en relación a la cantidad de militantes (fondos pareados), incluyendo en esto a los nuevos partidos, de modo de estimular la asociatividad. Matar a los chicos es congelar el sistema político, y aquello sería bueno evitarlo premiando a quienes compiten y ganan votos.


Disponible en La Tercera