“Oferta y demanda de participación”

Durante un tiempo más largo de lo deseable, la oferta pública de espacios, mecanismos y derechos de participación para la ciudadanía en los asuntos públicos fue exigua.

05-05-2017

Durante un tiempo más largo de lo deseable, la oferta pública de espacios, mecanismos y derechos de participación para la ciudadanía en los asuntos públicos fue exigua. Y lo poco que hubo, fue de escasa calidad: muy funcional para los responsables estatales pero casi nada para las y los ciudadanos. Cuando no directamente inocua en sus resultados y engañosa en sus promesas. Pero ello coincidía con una demanda más bien difusa por participar. En especial los años noventa no fueron un ejemplo en cuanto a una ciudadanía empoderada y demandante. Como sabemos, ello comenzó a cambiar rápidamente a mediados del decenio pasado y dramáticamente desde la coyuntura 2011 / 2012: activación de nuevos sectores, temas más amplios y profundos y una movilización mucho más explícita fueron los signos de ese proceso. Una muestra más que evidente de ello fueron las prioridades para una nueva constitución surgidos de los encuentros autoconvocados de debate sobre el proceso constituyente: por lejos la demanda por instituciones participativas ocupó el primer lugar de los más de doscientos mil participantes en ese proceso.

El peor escenario es el de alta demanda y baja respuesta, pues solo anticipa frustración y conflicto. En cambio uno en que la oferta política se haga cargo de los aspectos fundamentales de la demanda ciudadana permite pensar en un avance democratizador significativo y la restauración de lazos entre ciudadanía y política, que se encuentran en un muy mal momento. La demanda de participación lejos de ser una amenaza, como el establishment político tendió a verla durante mucho tiempo, es una inmensa oportunidad para la democracia. Es una respuesta efectiva a la desafección, la rabia, la tentación populista o autoritaria y otros fenómenos hoy en boga en el Chile y el mundo.

El desafío no es menor y requiere de una reflexión por parte de actores de todos los sectores políticos. Hoy viernes 5 de mayo, nos reuniremos en Espacio Público a debatir las propuestas que entregó a la Presidenta de la República el Consejo Nacional de Participación Ciudadana a comienzos de este año, luego de un año de trabajo participativo a lo largo del país. Y es también lo que le otorga urgencia a dar curso a esas propuestas y convertirlas en normativas y prácticas en el sector público.  Situándose en un enfoque de derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y en los acuerdos específicos que Chile ha suscrito con la comunidad internacional se propone la incorporación de la participación como derecho garantizado en la nueva constitución, nuevas instituciones como iniciativa popular de ley y plebiscitos vinculantes, cambios significativos a la Ley 20.500 de participación ciudadana en la gestión pública (2012) y varias cuestiones que podrían abordarse sin necesidad de una nueva ley. Entre estas últimas el fortalecimiento de la Subsecretaría General de Gobierno en estas materias, la construcción de un índice de participación para monitorear avances y retrocesos, la formulación de políticas regionales y por supuesto la elaboración de un proyecto de reforma a la Ley 20.500.

Antes de contar con una nueva ley, que por supuesto demorará en su tramitación, creemos que se puede avanzar con una reforma simple y sencilla, que encarna una de las principales demandas formuladas en los diálogos que organizó el Consejo a lo largo de Chile. Se trata que incorporar en la Ley 20.500 mecanismos de sanción al incumplimiento de sus normativas y asegurar el financiamiento de los órganos y medidas de participación que la ley contempla. Como la ley carece de ambos elementos, no se puede cumplir adecuadamente, ni se puede fiscalizar y hacer exigible por parte de los ciudadanos. Queda entonces a la voluntad cambiante de las autoridades, lo contrario de la participación como derecho. Tanto las y los congresistas como el gobierno tienen aquí una oportunidad para demostrar su voluntad de avanzar en participación de manera rápida, clara, precisa y con impacto.

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