“Operación política”

Marco se ha dado demasiadas vueltas, con explicaciones que ha tenido que modificar más de alguna vez, para no reconocer algo que, aunque a ojos de hoy resulta reprochable, constituía una práctica generalizada y transversal de la clase política dirigente.

25-09-2016

HACE ALGUNOS  días el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, junto a su equipo de investigación, ingresaron una solicitud al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para formalizar al precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, por el delito de facilitación de boletas ideológicamente falsas. El líder del Partido Progresista reaccionó por la redes sociales a través de una breve declaración titulada “Para mirar a los ojos a los chilenos”, donde nuevamente argumenta que no existe base legal para tal solicitud y acusa una “operación política” en su contra.

¿Qué tan plausible resulta dicha defensa? Depende.

Por una parte, parecen bastante verosímiles los hechos que se investigan, especialmente los relacionados a la no declarada utilización de un avión privado en campaña y al financiamiento ilegal de la misma a través de servicios ficticios a la empresa que controla Julio Ponce Lerou. Ahora bien, si hay algo que siempre caracterizó al otrora niño terrible de la centro izquierda, era justamente ir de frente, hablar de lo incómodo y no amilanarse ante lo políticamente incorrecto. Pero contrario al sentido que expresa el título de su última declaración, Marco se ha dado demasiadas vueltas, con explicaciones que ha tenido que modificar más de alguna vez, para no reconocer algo que, aunque a ojos de hoy resulta reprochable, constituía una práctica generalizada y transversal de la clase política dirigente. Entonces, lo que hoy pide el fiscal no es más que el lógico desenlace de su investigación.

Sin embargo, lo que sí resulta sospechoso y ciertamente parcial, es que se aplique un estándar distinto para quienes están en situaciones similares o análogas. Tal como la derecha ha denunciado, hay senadores y diputados del oficialismo, directa o indirectamente acusados por los mismos hechos, donde la justicia no sólo tarda, sino también parece que no llegara nunca.

Pero el caso más emblemático, y que la oposición excluye de todos sus reclamos, es el del propio Sebastián Piñera, también pre candidato a La Moneda, y cuyo administrador de la última campaña presidencial está actualmente formalizado por financiamiento ilegal de la política y fraude tributario. El ex mandatario no sólo solicitó aporte irregular para su candidatura, sino que después utilizó algunos de esos montos para pagar el sueldo y bonos a ejecutivos de sus propias empresas, rebajando por esa vía los impuestos a pagar y, de paso, defraudando la confianza de quienes creían que aportaban a una causa estrictamente política y no en beneficio personal del candidato.

La explicación de que el ex presidente nada sabía y que todo esto fue urdido por sus asesores y colaboradores más cercanos, resulta un argumento tan falaz como ridículo. De Sebastián Piñera se podrán decir muchas cosas, pero nadie que lo conozca de cerca, y no tan de cerca también, puede soslayar el hecho de que se trata de una persona que vigila obsesivamente el movimiento y destino de cada peso de sus negocios y patrimonio.

Disponible en Voces de La Tercera