“Política y empresas”

Lo que resulta intolerable es que el reconocimiento a las empresas como actores de la vida política y el debate público venga acompañado del privilegio de la reserva.

28-09-2014

AUNQUE un sector de la prensa parece no haberse dado por enterado, hace un par de días, y en el marco de una investigación tributaria al Banco Penta, tuvimos noticia de los aportes en dinero que dicha institución financiera habría efectuado a la campaña de varios políticos, tanto de la actual oposición como del oficialismo. Pese a que abordé esta cuestión hace tres semanas, los últimos acontecimientos pueden contribuir a ilustrar y ejemplificar mejor mi punto.

¿Es reprochable que una empresa realice aportes en dinero para financiar a determinados candidatos?
En principio, me parece que no. Resulta tan legítimo como razonable que las corporaciones, al igual que la gran mayoría de las personas, manifiesten una predisposición hacia determinados entornos o variables políticas que consideran mejor que otras. Las características de dichos escenarios, donde se decantan temas que atañen a la libertad e igualdad, rol del Estado y el sector privado, tipo y forma de nuestras instituciones, como también su relación con los ciudadanos y los principales agentes del mercado, no debería ser neutra o indiferente a los ojos de las empresas; a saber, agrupaciones de personas que en torno a su capital o capacidad de trabajo persiguen legítimos fines económicos. Sin ir más lejos, es justamente el reconocimiento a estos intereses lo que motivó regular el lobby a través de un procedimiento cuyos requisitos garantizaran la transparencia y debida forma en que debe darse la interacción de los grupos de presión con los agentes del Estado.

¿Debería, sin embargo, hacerse público el origen de estos aportes?
Por supuesto que sí. Lo que resulta intolerable es que el reconocimiento a las empresas como actores de la vida política y el debate público venga acompañado del privilegio de la reserva, sembrando dudas sobre la conducta en general, y las decisiones en particular, que adoptan nuestros representantes o quienes aspiran a serlo. En efecto, la única manera de fiscalizar el buen cumplimiento de sus funciones, contextualizar sus declaraciones o conocer la real motivación de sus actuaciones, es transparentando sus compromisos y la relación que tienen con quienes los financian. Así, por ejemplo, ¿los varios mencionados como beneficiarios del Banco Penta se inhabilitaron de opinar y participar en los debates o iniciativas que se refieren a la regulación de la banca, las gravosas tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito, la eventualidad de haber sido afectados por la reforma tributaria o las mayores obligaciones que deberían tener para con sus clientes? Y si no lo hicieron, ¿cómo se comportaron?

Mientras esto no se resuelva o modifique, lo que sí sería una buena práctica es que los candidatos, hayan o no sido electos, declararan públicamente sus fuentes de financiamiento y, en lo particular, dejaran de escudarse en la mayor de las hipocresías: sostener que dado el origen reservado de ciertos aportes, no les es posible saber quién les donó cuantiosas sumas de dinero. Eso es una gran mentira.

Disponible en La Tercera