“Por un sistema efectivo de ordenamiento territorial”

09-09-2015

Es preocupante que los legítimos desacuerdos sobre el uso del territorio terminen enfrentándose ante los tribunales con tanta recurrencia.

 

El pasado 21 de agosto, Endesa lanzó un comunicado de prensa respecto de la central Neltume, ubicada en la Reserva de la Biósfera “Bosques templados lluviosos de los Andes Australes”, en el que declaraba: “El proyecto se desarrollará en una zona tampón donde se encuentra permitido este tipo de actividades, (…) por lo que el proyecto es perfectamente compatible con la existencia de la Reserva”. El comunicado surgió como respuesta a una carta enviada a la Unesco por comunidades indígenas y una fundación local, denunciando que la construcción de la central atentaría contra el objeto de protección de la reserva.

Es preocupante, más allá de este caso en específico, que en materia de emplazamiento de infraestructura en áreas protegidas existan decisiones públicas inconsistentes, pero más preocupante aún es que los legítimos desacuerdos sobre el uso del territorio terminen enfrentándose ante los tribunales con tanta recurrencia. Este enfrentamiento se produce en parte porque el Estado ha sido incapaz de articular estas visiones en la planificación territorial.

Hoy en día, un privado puede elegir prácticamente a su arbitrio la localización de un proyecto, pues -salvo contadas excepciones- no existen los instrumentos de planificación territorial que le den orientaciones. Esta libertad, lejos de constituir una ventaja, se traduce en incertidumbre y, en ocasiones, en férrea oposición al emplazamiento de los proyectos. Lo mismo corre para los distintos organismos del Estado, que disponen del territorio sin coordinación entre sectores.

Abordando estas problemáticas, Espacio Público ha desarrollado una serie de propuestas para un ordenamiento territorial en energía, con el fin de aunar las distintas visiones sobre el territorio en un contexto intersectorial, darle un nuevo rol al Estado en materia de planificación energética y avanzar en autonomía regional.

Para ello, proponemos que no solo se recategoricen las áreas de protección (como se discute en el Congreso), sino que se establezcan las implicancias de dicha declaratoria sobre la construcción de infraestructura, reservando al menos una categoría de conservación estricta y otras en que se permita el emplazamiento de proyectos sujetos a condiciones.

Otra propuesta es que en materia de transmisión troncal deben definirse alternativas de trazado para luego seleccionar un ancho de faja que presupueste ampliaciones (como ocurre con Panamericana), sujeto a afectación de utilidad pública y permitiendo expropiación de los terrenos y posterior concesión a privados. De esta forma se selecciona la alternativa con menor impacto ambiental y se evita la costosa negociación del Estado con cientos de propietarios.

El gobierno nacional hará entrega de estas disposiciones a los gobiernos regionales para que las incorporen en los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT). Junto a ellas, deberá incorporar pisos o cuotas mínimas de generación (expresados en MW o en extensión territorial) a cada una de las regiones, sobre las que estas tendrán autonomía en términos de su emplazamiento específico. De esta forma se evita la posibilidad de que las regiones unilateralmente bloqueen políticas de interés nacional o lo que se conoce como fenómeno NIMBY (no en mi patio trasero).

Con todos estos elementos, será la región la que de forma autónoma deberá decidir la manera de plasmar sobre el territorio sus estrategias de desarrollo. Para que este proceso sea validado por la sociedad y signifique realmente una oportunidad de desarrollo, resulta de primera importancia que estos PROT se discutan en un contexto abierto y participativo (contar con autoridades electas y con más atribuciones contribuiría), pero sobre todo importa que sus disposiciones sean vinculantes.

Contar con un esquema de ordenamiento territorial como el mencionado permitiría resguardar intereses de política nacional, a la vez que ir avanzando en que el territorio sea administrado por los niveles de gobierno con mejor despliegue en los mismos. Por otra parte, las comunidades participarían en las disposiciones sobre el territorio en un contexto político y deliberativo, ya no marcado por el antagonismo que significa la reacción ante un proyecto ya bastante avanzado. Por último, para los inversionistas, permitiría anticiparse a localizaciones que pudieran ser conflictivas, despejando incertidumbres en un contexto que clama por ello.

Disponible en El Mercurio