“Probidad para todos”

17-03-2015

La administración pública tiene una larga experiencia en promover prácticas y sancionar conductas contra la probidad, con un sistema institucional que se ha encargado de velar por ella.

 

El Gobierno acaba de constituir un consejo que tiene por finalidad realizar propuestas en materia de política y negocios. Pareciera necesario recordar que nuestro sistema legal ha construido, desde 1950, un conjunto de prácticas de promoción de la probidad que se tradujeron en normas aplicables a los funcionaros de la administración pública.

Pocos saben que fue la Contraloría de esos años la que, sobre la base de los denominados “deberes morales”; de la función pública, y sin norma legal que lo estableciera, desarrolló el concepto de probidad, exigiendo conductas intachables, lealtad y honestidad en el desempeño de la función, preeminencia del interés general sobre el particular, respecto del cual no escapaba siquiera la vida social del funcionario público, que también quedaba regulada por esos deberes. El origen estaba en el establecimiento de ciertas prohibiciones a prácticas como las de contratar a un pariente en un servicio público, participar en una subasta pública de bienes que tuviese a cargo el servicio, solicitar patrocinio comercial a los contribuyentes para una revista funcionaria o desempeñar el oficio del funcionario en el territorio que fiscalizaba.

Fueron esos criterios de hace más de 60 años los que se trasladaron a la legislación de empleo público, sirviendo de base a las leyes de 1999. La reforma constitucional de 2005 los reconoció cuando impuso la probidad como un deber de todos los funcionarios del Estado.

La administración pública tiene una larga experiencia en promover prácticas y sancionar conductas contra la probidad, con un sistema institucional que se ha encargado de velar por ella. Esto es distinto en los demás poderes públicos, partidos políticos o las actividades reguladas, en donde el custodio de la probidad y promotor de sus buenas prácticas resulta una cuestión ambigua.

Mientras nos hemos dedicado sistemáticamente a regular las conductas contra la probidad de los funcionarios y a perseguir sus infracciones, el sector privado y la política, que dan origen a relaciones impropias con la función pública, como el nepotismo, amiguismo, fraudes y sobornos, se han mantenido al margen, han sido escasamente reguladas o con sanciones bajas. Ese es parte del problema del cual debemos hacernos cargo en la actualidad y al que pareciera no debiésemos desatender si queremos terminar con las malas prácticas hacia el futuro.

Disponible en La Segunda