“Puelo y el ordenamiento territorial”

Mientras no exista una política de ordenamiento territorial, que permita conocer y organizar las funciones de los territorios, casos como los del río Puelo seguirán sucediendo.

06-12-2016

El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anuló la resolución de calificación ambiental, así como el acuerdo del Comité de Ministros, que autorizaban la central de pasada Mediterráneo en el río Puelo, Región de Los Lagos. Los argumentos esgrimidos por el tribunal se refieren a la ilegalidad de las resoluciones, en razón de los defectos metodológicos del antecedente que sirvió de base para determinar la procedencia de la consulta indígena, y a la insuficiente respuesta de la autoridad ambiental a las observaciones presentadas en la etapa de participación ciudadana.

Siendo el fallo un triunfo para los reclamantes, éste dista de resolver sus principales inquietudes; entre ellas, que la energía producida no es para la zona, que el proyecto sólo beneficia a los dueños, que la llegada de trabajadores foráneos aumentará la cesantía, y que se afectará el paisaje y con ello a la economía y el turismo en la zona. De haberse conducido el proceso de evaluación de forma correcta, el tribunal no hubiera podido sino rechazar el recurso, procediendo la ejecución de la central y la línea de transmisión de 63 kilómetros en la ribera del río, manteniéndose el rechazo de la comunidad y el cuestionamiento a la legitimidad del proyecto.

El problema de fondo no son las falencias del SETA, que pueden ser subsanadas, sino la falta de justicia ambiental, entendida como la desigual distribución de las cargas ambientales entre la población y territorios. Sin una politica de ordenamiento territorial que oriente y regule la localización de proyectos de inversión, la decisión sobre sus ejecuciones seguirá discutiéndose en tribunal….

-Tal Tal como afirman estudios de Espacio Público, sistemas de decisión ambiental efectivos en prevenir conflictos y lograr buenos niveles de legitimidad proponen una articulación en tres niveles complementarios: prioridades estratégicas nacionales, definidas por el gobierno central; planificación territorial vinculante, a cargo de los gobiernos regionales o locales, y evaluación ambiental de los proyectos caso a caso, con el apoyo de procesos de participación incidente, inclusiva, equitativa y transparente. Esta articulación garantiza que las prioridades de desarrollo, identidades y valores ambientales de los territorios sean consideradas en los procesos de evaluación ambiental, evitando conflictos por la incompatibilidad territorial de los proyectos, y reduciendo la incertidumbre y discrecionalidad en torno a la localización de los mismos.

Mientras no exista una política de ordenamiento territorial, que permita conocer y organizar las funciones de los territorios, casos como los del río Puelo seguirán sucediendo. La reiteración de proyectos judicializados evidencia la necesidad de discutir la generación de un sistema eficiente de decisiones ambientales participativas desde y por los territorios locales.

Disponible en La Segunda