“Punto ciego”

Es cierto que la paralización que mantienen los funcionarios públicos es ilegal. El problema es que esto no se reduce a ese simple reproche, sino que se trata de una cuestión de dimensiones sustantivas.

14-11-2016

Hace cerca de 350 años, Edme Mariotte, un físico francés, descubrió el denominado “punto ciego”. Comprobó que una pequeña parte de nuestra retina es ciega, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es capaz de reconstruir aquello que no vemos. A partir de esto se ha desarrollado una amplia literatura sobre sesgos cognitivos. David Goleman sostuvo, por ejemplo, que los seres humanos nos autoengañamos con la finalidad de protegernos del fracaso, de modo que muchos desastres se ocasionan al aceptar ciertas cosas -ilusiones colectivas- sin cuestionarnos la realidad.

Esto es lo que sucede con el Gobierno por estos días. La discusión sobre el reajuste del sector público ha dejado en evidencia uno de los puntos ciegos más serios de nuestra política pública: creer que los funcionarios públicos sólo tienen deberes legales, con acotados derechos laborales y sin posibilidad de negociar colectivamente. Ese autoengaño -en el que hemos incurrido habitualmente- nos tiene viviendo una paralización que afecta la prestación de servicios públicos a millones de chilenos.

Si bien la ley prohíbe negociar colectivamente a los funcionarios públicos, esta negociación, en los hechos, se realiza todos los años cuando se discute la ley de reajuste. Pero el escenario es todavía más complejo. Cerca del 70% de los funcionarios -según cifras oficiales- están en alguna categoría de empleo precario, lo que genera incentivos para que los partidos políticos distribuyan esos cargos como un verdadero botín, transformándose en agencias de empleo con evidentes signos de corrupción.

Esto ha llevado a que la Corte Suprema y la Contraloría estén estableciendo límites, requiriendo a los organismos públicos exigentes motivaciones a la exoneración de trabajadores públicos e imponiendo importantes pagos de indemnizaciones. Como ha señalado el reciente Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP, el Estado es un pésimo empleador.

Es cierto que la paralización que mantienen los funcionarios públicos es ilegal. El problema es que esto no se reduce a ese simple reproche, sino que se trata de una cuestión de dimensiones sustantivas como el tipo de Estado sobre el cual hemos construido nuestra modernización desde el retorno a la democracia y al cual queremos confiar la ruta al desarrollo, algo respecto de lo cual hemos evitado discutir en serio.

Persistir en el autoengaño, sin darnos cuenta del punto ciego que nos afecta, es una actitud de permanente negación -otra más del Gobierno- que nos está produciendo mucho daño y que terminará por enfrentarnos a una dolorosa realidad: la incapacidad de avanzar hacia una sociedad de mayor bienestar, la que en principio todos estamos de acuerdo en conquistar.

Disponible en La Segunda