“¿Quién custodia al custudio?”

Preocupa que el actual contralor haya afirmado hace pocos días que actuará directamente en los casos judiciales de corrupción.

03-10-2016

Nadie duda de que la Contraloría es esencial para el sistema democrático. Tiene un reconocido prestigio en el control de los fondos públicos, pero también, luego de la reforma constitucional de 1943, en la fiscalización del presidencialismo.

La Contraloría se fundó en 1927 siguiendo la experiencia de Estados Unidos con la creación del organismo federal de auditoría, en 1921. Este era una autoridad unipersonal, dedicada exclusivamente a la vigilancia de los fondos públicos y cuyo mandante es el Congreso. La experiencia europea, en cambio, implicó la creación de organismos colegiados -tribunales de cuenta-, a cargo de fiscalizar los dineros públicos y de juzgar a quienes los utilizaran de un modo inadecuado.

En ambos modelos, si existen hechos constitutivos de ilícitos, lo que corresponde es comunicarlo a la autoridad competente para realizar la persecución judicial, dejando que el resto de los poderes públicos funcionen de modo independiente.

En Chile la ley le ha entregado a la Contraloría otras competencias que le dan la condición de suprapoder. El contralor ejerce las atribuciones como autoridad unipersonal; todo el personal del organismo -poco más de dos mil funcionarios- son de su exclusiva confianza, y, junto con controlar el uso de los recursos públicos, puede juzgar a las personas que tienen estos fondos a su cargo, llevar la contabilidad de la nación, resolver conflictos que planteen los particulares con los servicios públicos, y fiscalizar tanto la legalidad de los actos como la conducta de los funcionarios públicos. Ninguna de esas atribuciones es susceptible de control judicial directo.

Por eso preocupa que el actual contralor haya afirmado hace pocos días que actuará directamente en los casos judiciales de corrupción, prescindiendo de la intervención del Consejo de Defensa del Estado. Según explicó, se trata de una atribución que existía, pero que nunca se ha ejercido. Esta facultad, sin embargo, se explicaba hace 90 años, cuando se creó la institución, pero no en el actual sistema de distribución de competencias. Sostuvo, además, que podría plantear eventuales contiendas de competencia si los jueces cuestionan alguna de sus decisiones.

La Contraloría ha tenido un rol clave en el desarrollo de nuestra administración pública, pero la amplitud de sus atribuciones y la pretensión de ejercerlas extensamente puede terminar por desnaturalizar su principal función: controlar la adecuada inversión de los fondos públicos. Es el “mejor amigo” de los contribuyentes y un buen aliado del Congreso en la evaluación del gasto público.

Extender sus competencias a otros ámbitos y amenazar con contiendas de competencia, sin embargo, puede terminar por tensionar inadecuadamente los equilibrios con otros poderes públicos y replantear una vieja pregunta: ¿quién custodia al custodio?

Disponible en La Segunda