“¿Quién llega primero?”

La propuesta de ordenamiento territorial del gobierno es pertinente y valorable, pero puede resultar insuficiente si no resuelve la falta de coordinación entre las múltiples reparticiones públicas que operan hace años en el territorio.

24-09-2014

EL GOBIERNO determinó como prioridad en su agenda energética contar con un sistema de ordenamiento territorial (OT) que defina cómo y dónde deben construirse los proyectos, para resolver su bloqueo y entregar certidumbre a comunidades, empresas y autoridades locales.

En esencia, el OT define los usos de suelo permitidos y prohibidos en los distintos sectores, además de trazados para caminos o redes de infraestructura. Su diseño permite incluir instancias de participación ciudadana.

Visto así, la propuesta es pertinente y valorable, pero puede resultar insuficiente si no resuelve la falta de coordinación entre las múltiples reparticiones públicas que operan hace años en el territorio, incluso antes que existiera el Ministerio de Energía.

¿Por qué es importante que los planes de OT operen coordinadamente? Pues es la forma de evitar la competencia entre agencias gubernamentales por imponer sus agendas sectoriales y así rivalizar por llegar primero a realizar una declaración de zona protegida o prioritaria.

Recordemos que la estrategia de promover una agenda de ordenamiento por cuenca para la hidroelectricidad fue planteada por la Presidenta Bachelet en su anterior mandato y encontró objeciones sectoriales que impidieron su implementación.

¿Por qué es necesario transparentar esto? Por otra cuestión evidente. Un sistema de OT en energía implicará subordinar sectores y definir vocaciones preferentes para el uso del suelo. Esto es repetir el viejo debate sobre si la regulación energética tiene el poder legítimo para imponerse a regulaciones de los ministerios de Vivienda, Bienes Nacionales o Medio Ambiente, y todo indica que no será así.

Por ello, es necesario concentrar las funciones del OT en un ente que ordene la cancha donde se desarrollarán los proyectos de inversión. Pensamos que este organismo debiera ser el gobierno regional, y el instrumento para hacerlo, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), que hoy se está estudiando para varias regiones del país.

El PROT busca ordenar regulaciones e inversiones que afectan el desarrollo territorial, articulando el accionar de municipalidades y ministerios, pudiendo fijar zonas para proyectos de energía y disponer de trazados para líneas de transmisión en concordancia con la preservación de zonas de valor natural o el desarrollo de otras actividades productivas.

Esta propuesta es viable en la medida en que se cumplan dos requisitos. El primero es que las disposiciones del PROT sean vinculantes, como ocurre con un plan regulador, lo que no está contemplado en su diseño actual.

El segundo es el reforzamiento de los gobiernos regionales, lo que implica traspasar competencias y recursos, contando con intendentes electos que tengan la potestad para tomar decisiones sobre sus secretarías regionales ministeriales.

Disponer de un sistema razonable de OT es una tarea regional y no sectorial, y su implementación tomará más de un mandato presidencial. Por consiguiente, se trata de una decisión que no depende sólo del Ministerio de Energía, lo que constituye el principal riesgo que enfrenta esta repartición para cumplir con las expectativas que ha generado.

Disponible en La Tercera