“¿Quién regula al regulador?”

Es difícil predecir el futuro, pero trasplantar la experiencia de la OIRA sin antes hacerse cargo de estas diferencias implica el riesgo de duplicar el control jerárquico que hoy existe.

01-06-2016

Muchas veces las empresas de gas natural ofrecen a sus clientes hacerse cargo de adaptar las cocinas, calefones y otros aparatos interiores. No es claro, sin embargo, cómo deben tratarse contablemente estos desembolsos. ¿Son un activo de la empresa, o más bien un gasto? Tampoco es claro cómo debe remunerarse una inversión cuya vida útil excede el período tarifario, o el sueldo de gerentes que tienen a su cargo varias concesiones sanitarias, eléctricas o de telefonía. ¿Debe repartirse su valor proporcionalmente? ¿Bajo qué criterio? Esta y otras preguntas similares son complejas, pero no solamente porque exijan aplicar conocimientos específicos. Una respuesta adecuada requeriría, por ejemplo, sincronizar las prácticas contables de una multiplicidad de reguladores financieros, armonizar los criterios de fijación tarifaria en distintos mercados y sopesar diversas experiencias institucionales. Esto es lo que se conoce como coordinación regulatoria.

Esta semana la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos sugirió a Chile establecer un órgano dedicado a la coordinación regulatoria, creando para ello una oficina específica dentro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Dicha propuesta se apoya en la experiencia norteamericana con la denominada Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA), que fuera célebremente dirigida por el académico Cass Sunstein durante la primera administración de Barack Obama. El problema es que existen dos diferencias fundamentales con la realidad norteamericana que pueden volverse problemáticas.

En primer lugar, la competencia del coordinador regulatorio en EE.UU. está fuertemente limitada por la existencia de un Estado federal. Los presidentes norteamericanos tienen una influencia mucho menor que sus pares chilenos en los problemas diarios de los ciudadanos. El manejo de los hospitales, colegios o policías corresponde a las autoridades estatales, las que son elegidas directamente por los votantes y tienen una conexión bastante débil con el gobierno federal. Ello permite que la OIRA pueda mantenerse relativamente alejada de la trinchera de la política contingente, desarrollando una mirada reflexiva y de largo plazo.

En segundo lugar, en EE.UU. las instituciones sujetas a coordinación son realmente independientes. Su gobierno corresponde a directorios colegiados, que se renuevan parcialmente y mediante mecanismos de nombramiento donde intervienen distintos poderes del Estado. El Presidente norteamericano enfrenta numerosas restricciones para influir en las decisiones del regulador: carece de facultades para intervenir directamente en el proceso de toma de decisiones de las agencias regulatorias y tiene atribuciones limitadas para afectar su planta de personal o presupuesto. Ello hace que la OIRA carezca de un poder de decisión real y tenga que situarse más bien como un mediador, como una agencia que descansa antes que nada en su poder de persuasión.

Ninguna de estas dos circunstancias se cumple en Chile. La Segpres es el ministerio político por antonomasia, quedando muchas veces sujeta a las dinámicas cortoplacistas de la contingencia. Por su parte, las superintendencias, servicios, comisiones y fiscalías que realizan la función regulatoria, difícilmente podrían calificarse de independientes. Su presupuesto y planta de personal, así como la continuidad de sus autoridades superiores, dependen directamente de la presidencia.

Es difícil predecir el futuro, pero trasplantar la experiencia de la OIRA sin antes hacerse cargo de estas diferencias implica el riesgo de duplicar el control jerárquico que hoy existe. Así, los reguladores quedarían sujetos no solamente a la supervigilancia del ministerio sectorial, sino también a las atribuciones de coordinación del ministerio político. Antes que mayor coordinación, este diseño podría redundar en una mayor conflictividad entre los cuadros técnicos y políticos del Gobierno.


Disponible en El Mercurio.

* Fotografía Emol.