Secretos de Estado y derecho a la verdad

La protección —legítima y debida— que se da a las víctimas que entregaron su testimonio debe ser ponderada con derechos e intereses que pued

06-08-2015

Una vez más nos toca hacer frente a la incómoda realidad de haber soslayado nuestras obligaciones en materia de derechos humanos durante tantos años.  Por estos días, la confirmación que en el infame “caso quemados” hubo una operación de montaje y posterior encubrimiento por parte del Ejército y civiles ha reabierto el proceso penal, y con él, la discusión política acerca de la manera cómo el Estado entiende su política de verdad y justicia.

Quisiera detenerme en una pregunta específica: ¿debiera el gobierno y el Congreso impulsar una reforma legal para terminar con el secreto de 50 años sobre las actuaciones de la llamada Comisión Valech?  La ministra de Justicia, Javiera Blanco, ha explicado que el secreto se dispuso atendiendo al deber del Estado de proteger los derechos a “la honra, la vida privada y la dignidad” de las víctimas de tortura y prisión política que dieron su testimonio.  Levantar el secreto sería traicionar el compromiso que se hizo con ellas, y por lo demás, sostiene Blanco, “cualquier víctima que desee accionar judicialmente a fin de solicitar justicia a los tribunales, pueda hacerlo sin inconveniente”.

Sorprende la liviandad de la respuesta de la ministra.  En primer lugar, porque la protección —legítima y debida— que se da a las víctimas que entregaron su testimonio debe ser ponderada con derechos e intereses que pueden entrar en tensión con ella. El primero de estos es el derecho que tiene la sociedad chilena, y, especialmente las propias víctimas y sus familiares, a conocer la verdad, tal como lo han reconocido numerosos órganos de las Naciones Unidas, y en nuestra región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El derecho a la verdad aparece hacia fines de los años 70, con el Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, donde se reconoce el “derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros”. En 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU dictó una resolución donde remarca “la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos”.

Por último (aunque menciones hay muchas), el Consejo de Derechos Humanos destacó expresamente en 2008 “la importancia de que la comunidad internacional reconozca el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos[…] así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre esas violaciones en la máxima medida posible, en particular la identidad de los autores, las causas y los hechos, y las circunstancias en que se produjeron”.  Por lo tanto, debe notarse que junto con el derecho de las víctimas a resguardar su dignidad y derechos al momento de declarar, existen otros intereses y derechos que deben ser ponderados.

Lo que cabe examinar es si la medida que se adoptó en Chile -secreto absoluto por cincuenta años- es razonable.  Para ello debemos preguntarnos si existiendo un propósito legítimo al momento de establecer el secreto (lo hay: la protección de los derechos de las víctimas), acaso la medida que se adoptó es necesaria y proporcional.  Lo anterior quiere decir que sólo será aceptable (constitucionalmente hablando) dicha medida -el secreto por medio siglo- si no hay una forma alternativa de proteger los derechos de las víctimas, que a su vez resguarde los otros derechos en tensión (en este caso, el derecho a la verdad).  Si la hay, entonces debe preferirse ella.

La respuesta ya la han anticipado juristas como José Zalaquett y la propia directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos: se pueden establecer mecanismos que permitirían entregar información a los tribunales, cautelando al mismo tiempo que no se infrinjan los derechos de las víctimas (por ejemplo, notificándoseles previamente para darles la opción de oponerse a la entrega de información).  Con ello se resguardaría debidamente el derecho a la honra, la privacidad y la dignidad, pero a la vez se podría realizar mejor el deber del Estado de hacer justicia, tal como lo señaló el Comité contra la Tortura de la ONU, cuando en 2009 expresamente recomendó a Chile derogar la regla del secreto por cincuenta años.

Por último, llama la atención que la ministra de Justicia sostenga que las víctimas podrían “sin inconveniente” ir a tribunales para que éstos impartan justicia.  En el caso de la Comisión Valech II, los documentos están en poder del INDH (quien actúa como custodio) y en numerosas ocasiones los tribunales, impulsados precisamente por víctimas de tortura y prisión política, han solicitado información al instituto, debiendo éste denegar su entrega en razón del mandato legal que hemos comentado.  Esto demuestra que en realidad sí existen inconvenientes para que víctimas de tortura y prisión política puedan encontrar justicia en Chile.

No es necesario esperar la tramitación del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos.  El gobierno podría -y debiera- hoy mismo impulsar una agenda integral en esta materia, que junto con establecer la degradación de aquellos oficiales de las Fueras Armadas involucrados en violaciones graves a los derechos humanos, disponga la derogación de la regla sobre secreto, avanzando así con nuestros postergados deberes de verdad y justicia.


Disponible en Voces de La Tercera


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