“Servel en el limbo”

Es imprescindible que quienes tengan la facultad de fiscalizar a los partidos políticos y candidatos sean personas con la suficiente independencia y conocimientos para ejercer un rol tan vital en nuestra democracia.

12-07-2016

En enero de este año,  como respuesta a uno de los puntos más relevantes del informe emanado por  la denominada “Comisión Engel”, se fortaleció al Servel y se le dotó de los “dientes” y recursos que le faltaban para llevar a cabo su labor. Esto, dado la necesidad de mejorar la fiscalización del financiamiento de campañas políticas, después de constatar que las donaciones reservadas no eran tan reservadas para los candidatos y que incluso existía un sistema de financiamiento irregular más extendido de lo que pensábamos.

El Servel está dirigido por un Consejo Directivo de cinco personas propuestas por el Presidente de la República y ratificados por dos tercios de los senadores en ejercicio. El Consejo tiene una función esencial, principalmente en tiempos electorales, ya que nombran a los miembros de las Juntas Electorales, aprueban los padrones electorales, dictan las reglas relacionadas a la aplicación de las normas electorales y tienen un rol relevante respecto a las sanciones por infracciones graves a las leyes de financiamiento irregular.

En abril de este año renunció a su cargo uno de los consejeros por ser parte de una querella del SII por financiamiento irregular de SQM. Estos días está en duda si renunciará otro consejero al ser detenido en el marco de una investigación por violación a los derechos humanos durante la dictadura. Es decir, de cinco consejeros podrían quedar solo tres en el cargo. Esto no es menor, ya que la ley dispone que para que este Consejo sesione deben estar presente al menos cuatro de sus miembros.

A un poco más de un mes de que empiecen las campañas municipales es una situación bastante compleja. Es urgente que la Presidenta proponga a los reemplazantes y que el Senado los ratifique. La ley establece que su designación debe realizarse dentro de los treinta días siguientes a su cese, lo que en el caso del consejero ya renunciado está más que sobrepasado. Sin embargo, esta premura no puede implicar que esas personas sean nombradas “entre gallos y medianoche”. Es imprescindible que quienes tengan la facultad de fiscalizar a los partidos políticos y candidatos sean personas con la suficiente independencia y conocimientos para ejercer un rol tan vital en nuestra democracia.


Disponible en La Hora.