“SQM: transparencia y confianza”

25-02-2015

Promover una sociedad transparente tiene como objetivo final mejorar la calidad de la democracia, tratando de corregir las asimetrías de poder que se dan en la adopción de nuestras decisiones colectivas.

 

El comunicado del Ministerio Público por el cual se informó que la investigación de la arista del denominado caso SQM se trasladaba de la Fiscalía Oriente a la Centro Norte, dirigida por Andrés Montes, generó todo tipo de sospechas. La decisión, para muchos, era un escándalo por la mera circunstancia de que existía parentesco entre un senador socialista, que no tiene incidencia en el caso, y el fiscal regional.

Al margen de la idoneidad del comunicado de la Fiscalía Nacional, que no contribuyó a la claridad del asunto, desde el punto de vista legal la decisión al parecer tenía sentido, porque en el caso SQM existía una inhabilidad del fiscal regional de la Fiscalía Oriente, donde se encontraba la investigación, y a su vez, la Fiscalía Centro Norte es reconocida por sus investigaciones complejas en el ámbito público.

Las reacciones tras este incidente reflejan en toda su magnitud los dilemas actuales de nuestra sociedad, a la cual le cuesta convivir entre la demanda por mayor transparencia y la confianza institucional.

Existe consenso en que la necesidad de gobiernos transparentes responde a dos ideas: por un lado, restaurar la confianza pública -en la medida que la información proporcionada incrementa la educación de los ciudadanos, permitiendo que éstos se encuentren en mejores condiciones para exigir a sus autoridades-, y por la otra, tener más y mejores vigilantes de la actividad estatal. Por eso, promover una sociedad transparente tiene como objetivo final mejorar la calidad de la democracia, tratando de corregir las asimetrías de poder que se dan en la adopción de nuestras decisiones colectivas.

Pero como advierte Byung-Chul Han, hay que tener cuidado en asimilar transparencia a verdad. Más información por sí sola no es ninguna verdad, porque le falta dirección y sentido. Para eso está la deliberación pública, la política y el funcionamiento de nuestras instituciones. De lo contrario, el riesgo es que adoptemos decisiones importantes con base en simples opiniones. Esta cuestión es relevante, porque podemos terminar por transformar las demandas por transparencia en un panóptico, donde todos se vigilan entre sí. Una sociedad de vigilancia total termina por degradar la “sociedad transparente” porque todo lo hace sospechoso y es signo de que su fundamento ético se ha hecho frágil.

Parte de las reacciones del último tiempo son propias de la sospecha, y promoverlas bajo el rótulo de la demanda por mayor transparencia terminará por lesionar precisamente lo que el acceso a la información pública busca: promover una sociedad democrática de confianzas. Evitar que eso suceda es responsabilidad de todos los que intervienen en el debate público.
Disponible en La Segunda